Aborto en Chile: La estrategia de la desinformación

A fines del 2010, los senadores Evelyn Matthei (UDI) y Fulvio Rossi (PS) ingresaron a la oficina de partes del Congreso Nacional un proyecto de ley sobre el aborto terapéutico. La propuesta legislativa apunta a la despenalización del aborto, cuando se produzca la muerte del feto como consecuencia de alguna intervención, tratamiento o fármaco indispensable para salvar la vida de la madre, lo que deberá ser certificado por tres médicos.

Al momento de presentar el proyecto, Matthei declaró que su intención, al suscribir esta materia, era contribuir a tener “una legislación razonable para Chile y sobre todo para las mujeres chilenas”. En enero de 2011, la senadora dejó su puesto en el Congreso para integrar el Gabinete de Piñera.  Así, limpia y rotundamente la derecha se sacó una espina y el proyecto ha quedado en el limbo de las materias embarazosas, que el Congreso no tiene urgencia en tramitar y que el poder político ha relegado a la agenda secundaria.

El aborto terapéutico se practica cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, o bien, cuando el feto no tiene ninguna posibilidad de sobrevida fuera del útero. Chile es uno de los tres países de América Latina que tiene una prohibición absoluta sobre el aborto, compartiendo esta posición con Nicaragua y El Salvador. No siempre fue así: una disposición vigente desde 1931 disponía que toda mujer cuya vida estuviera en peligro podía solicitar un aborto si contaba con la aprobación de dos médicos.  En 1989, cuando la dictadura militar debía dejar el gobierno (más no el poder), un decreto con Fuerza de ley eliminó la excepción del aborto terapéutico, penalizando esta práctica hasta ahora.

Desde 1991 –en la reconstrucción de la democracia– se han presentado sin éxito en el Parlamento seis proyectos de ley tendientes a restituir el derecho al aborto. Estas propuestas han sido archivadas sin siquiera abrir un debate en comisiones a las que pudieran asistir expertos y expertas en el tema y organizaciones de la sociedad civil. La de Matthei y Rossi podría correr la misma suerte.

El Estado chileno tampoco ha acatado las recomendaciones que en relación a la temática, le han realizado diversas instancias internacionales, entre ellas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de Expertas de la CEDAW. Similares recomendaciones efectuaron los “Informe Sombra” presentados por organizaciones de mujeres al Comité de la CEDAW y el “Informe anual sobre derechos humanos en Chile” del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (2007). Actualmente, las leyes contra el aborto se encuentran en el Código Penal, en los artículos 342 A y 245, bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública”. La mera enunciación de la penalización deja claro cuál es el origen y espíritu que anima la existencia de la norma; norma defendida a rajatabla por diputados y senadores de derecha y por grupos como Acción Familia,  que públicamente se opone a cualquier acción relacionada con el aborto, acusando públicamente en su blog a quienes se hayan pronunciado a favor.

Aborto en Chile, el deber de parir

De esto bien sabe la periodista Claudia Lagos Lira, autora de Aborto en Chile, el deber de parir, publicado por LOM en 2001. El texto busca entregar antecedentes para la reflexión sobre un tema que a lo largo de los 20 años de gobierno de la Concertación no registró avances significativos. La investigadora Lagos trabajó con cifras oficiales del Ministerio de Salud y con testimonios de mujeres que abortaron; desmenuzó las iniciativas legales existentes hasta la fecha de la publicación e hizo un seguimiento de las políticas de control de natalidad y tratamiento de la sexualidad, constatando que respecto a las décadas de los año ‘60 y ‘70 en Chile hemos retrocedido en el ámbito de las políticas públicas relacionadas con esta materia.

Claudia Lagos forma parte del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile y su compromiso con el tema del aborto ha sido persistente. Para ella, un factor que ha intervenido en forma decisiva en contra de las iniciativas pro aborto ha sido el ocultamiento de información:

“Estamos ante la desinformación de un tema que involucra una diversidad de dimensiones, que hacen de éste un problema complejo: salud pública, derechos humanos, igualdad ante la ley, equidad… y, sin embargo, la parrilla programática de la prensa se concentra en el aborto en tanto delito, en las mujeres y personal de salud involucrados como delincuentes y en la Iglesia o voceros cercanos a ésta para recordar que el aborto es un pecado” señaló en una columna publicada en 2010, en el sitio web  de  para la Red Chilena contra la Violencia doméstica y sexual.

Agrega allí: “No sabemos nada acerca de distintas instancias de la ONU y de organismos internacionales que han recomendado a Chile despenalizar el aborto o, al menos, garantizar una atención digna a las mujeres con complicaciones. No nos enteramos de los procesos de despenalización en países católicos y con gobiernos de derecha, como Colombia y México (DF). No hemos oído de los numerosos casos emblemáticos en Argentina que han llegado incluso a cortes supremas provinciales. Ni de los casos que el sistema interamericano de derechos humanos ha resuelto contra algunos países de la región por penalizar el aborto”.

Contra esta verdadera malla de  desinformación, rota apenas cuando lo protagonistas son figuras políticas, persiste la actividad de organizaciones sociales como la red Acción y la Corporación La Morada que en enero iniciaron la campaña “Por el derecho a decidir”. Esta campaña incluye una serie de cuatro spots que se difundirán a través de redes sociales (en el espacio virtual) y en radios comunitarias.

Sobre el origen y objetivos de la campaña, Raquel Olea –académica e integrante del directorio de La Morada– señaló a Radio Tierra que si bien el tema del aborto ha estado en forma permanente en el debate feminista, no sale a la luz pública a través de los medios de comunicación porque “No es la sociedad civil la convocada al debate”.

“El aborto en Chile tiene que ver, al menos simbólicamente con la obligatoriedad de la maternidad. Y la resistencia a esto es castigada; hasta tal punto que incluso la vida de una mujer vale menos que la de un feto. Obviamente para una familia que tiene papá, hermanos, hijos, una familia que la necesita, priorizar por el feto es una aberración”.

Lo que quiere esta campaña es levantar una voz acerca de los datos que son persistentemente negados, como por ejemplo la adhesión al aborto que recogieron en encuestas recientes (2010), organismos como la Universidad Diego Portales y la Corporación Humanas. Al mismo tiempo, se trata de relevar el conservadurismo que durante décadas ha buscado el control del cuerpo femenino.

Tanto es el peso de este conservadurismo, que aun cuando Chile ha firmado tratados de derechos humanos, como la Declaración Universal de DDHH, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, que lo obligan a cautelar y proteger una serie de derechos humanos de las mujeres sigue permitiendo la existencia de una norma que contraviene el espíritu de los mismos.

Patricia Moscoso