Araucanía: La mentira oficial

En medio de un espectacular operativo policial el Presidente Piñera llegó a Ercilla, en la llamada zona roja del conflicto mapuche, para advertir que no aceptará presiones de violentistas y delincuentes, como aquellos que lo intentan con una “mera” huelga de hambre.

El mandatario se refería así a cuatro comuneros en Concepción y otros cinco en Temuco,  que superaban en ese momento los 50 y 15 días en huelga de hambre, respectivamente, tras dictaminarse duras condenas en su contra, bajo el común denominador de “homicidio frustrado” de carabineros que le han imputado los fiscales con el testimonio de los propios uniformados.

Los mismos grandes medios de comunicación que han invisibilizado sistemáticamente el sentido de la reivindicación histórica del pueblo mapuche por recuperar sus tierras, distorsionando una cosmovisión transmitida a través de generaciones durante siglos, y propiciando la resistencia a una legislación validada por las Naciones Unidas y organismos internacionales, de reconocimiento de los derechos de ese pueblo, su cultura, tradiciones y autonomía, son los que criminalizan la movilización de las comunidades y avalan un sistema represivo que se ha intensificado de manera brutal durante el actual período de gobierno.

El desprecio del Presidente Piñera por los huelguistas de hambre es parte del mismo sentido común que opera en los grandes medios de prensa respecto de lo que llaman “el conflicto mapuche”, ignorando que lo que persiste en nuestro país es un “no resuelto” conflicto que involucra al Estado chileno, en deuda con los derechos elementales del pueblo originario. Un sentido común al que, con limitadas excepciones, se suma el actuar de una dirigencia política transversalmente indiferente y ausente para perseverar en una solución democrática y justa que se continúa postergando.

Para muestra un botón

Mientras el Presidente de Chile hablaba para micrófonos y cámaras, en el territorio de Ercilla continuaban allanamientos, que han afectado a niños y ancianos, en búsqueda del werkén de la comunidad de Temucuicui, Mijael Carbone.

El joven dirigente indígena  fue condenado por un tribunal oral que acogió mayoritariamente la imputación del fiscal Luis Chamorro –afamado por su ánimo persecutorio en contra de las organizaciones mapuche– y lo condenó a siete años de cárcel efectiva, acusado de “homicidio frustrado” en contra de carabineros. El  werkén se encuentra en la clandestinidad a la espera que la Corte Suprema resuelva un recurso de nulidad para un fallo que evidencia severas irregularidades, como lo señala el voto de minoría del tribunal.

Los grandes medios que alaban la voluntad presidencial para “poner orden” no se han preocupado de indagar qué está detrás de la reiterada imputación de “homicidio frustrado” con que se condena a jóvenes comuneros, como los que se encuentran en prolongada huelga de hambre o en la clandestinidad como Carbone.

El juicio a Carbone tiene origen en la sustracción de caballos sacados ilícitamente de la propiedad de su familia por parte de carabineros. El afectado concurrió personalmente a estampar la denuncia ante la fiscalía de Collipulli, después que advirtió a funcionarios policiales que de no ser devueltos los animales, ocurrirían hechos graves. En las horas siguientes a la sustracción de los animales, carabineros denunció un ataque con disparos por parte de encapuchados y 6 meses después el fiscal Chamorro imputó culpabilidad en los hechos al werkén,  en base a testimonios de policías que señalaron haber reconocido la presencia de Carbone  por sus vestimentas. Así de simple –con un voto de minoría que refutó la calidad de las pruebas presentadas por la fiscalía, basadas en dichos de funcionarios que obedecen órdenes jerárquicas– se le condenó por “homicidio frustrado”.

Y la historia sigue

Es válido recordar, como punto de comparación, que al carabinero que consumó el homicidio del comunero Matías Catrileo, en un proceso seguido ante la jurisdicción militar, se le condenó a 3 años y un día (de libertad vigilada).

Situaciones como la descrita, constituyen una práctica común, y  los propios tribunales han debido rectificar aberraciones como, por ejemplo, ocurrió en el  “Caso Peaje Quino”. Fue un juicio emblemático debido a que se procesó a 10 jóvenes mapuche de comunidades de Ercilla, de los cuales 7 pertenecen a la Comunidad Autónoma Temucuicui, a quienes se les aplicó la Ley Antiterrorista y se les mantuvo por casi 2 años en la cárcel, llevándolos a iniciar una extensa huelga de hambre que duró casi 90 días.

Sin embargo, después de un dilatado proceso judicial en el que se mantuvo todo el tiempo a los acusados con medidas cautelares, luego de que quedara fuera del caso el Ministerio Público por “desacato” y “vicios formales” en la acusación y permaneciera como único querellante el Ministerio del Interior, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol por unanimidad absolvió a todos los imputados.

Lo que ocurre hoy con el werkén Carbone es un argumento más para justificar el severo escrutinio internacional que, ignorado por los grandes medios de comunicación y ante la indiferencia de los actores políticos, cuestiona la forma en que el Estado de Chile da cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos. El debido proceso cobra especial relevancia cuando se trata de hechos acaecidos en el marco de conflictos territoriales e históricos con miembros de un pueblo que habitaba originariamente grandes espacios territoriales y que fueron sometidos por la fuerza del Estado hace poco más de 100 años.

Estos casos dan cuenta de una flagrante vulneración de derechos fundamentales y de garantías procesales de la sociedad democrática y del  mismo derecho penal, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio 169 de la OIT.

Dichos y amenazas

La visita del Presidente Piñera en medio de un inédito operativo de guerra policial, que se mantiene por meses en esa zona y es obviado por los grandes medios que sí informaron espectacularmente de la advertencia de mano dura del mandatario, refuerza la percepción de abuso e injusticia a que se somete persistentemente a las comunidades que no aceptan el trato discriminatorio y el asistencialismo condicionado por parte de quienes continúan actuando, desde un poder político y económico que se manifiesta implacable en la Región, como en tiempos de la llamada “pacificación de la Araucanía”. Con amenazas y persecución policial no se terminarán esas “meras” huelgas de hambre que descalifica el Presidente desde su protegida soberbia.