Conexiones clandestinas: El agua como centro de disputa

En septiembre del año 2015, un grupo de jóvenes armados pertenecientes al Comando Vermelho, banda abocada al narcotráfico, realizó una operación clandestina que desvió el agua de una propiedad residencial a una comercial, ambas localizadas en el centro de Río de Janeiro [1]. La propiedad residencial, Ocupación Nelson Mandela, es una construcción ocupada por 80 familias de bajos ingresos, mientras que la segunda, la propiedad comercial, fue invadida por los jóvenes que realizaron el trabajo de desvío de agua. Esta operación clandestina complicó aún más los conflictos existentes en Río de Janeiro en torno al suministro de agua potable, en tanto grupos armados se sumaron a la disputa de este bien vital. Este ensayo, narra la lucha de Leonor y Samuel, habitantes de la Ocupación Nelson Mandela, por acceder al agua potable, así como las estrategias que elaboraron para evitar que el agua sea controlada por los miembros del Comando Vermelho. A través del análisis de las agencias de los residentes de la ocupación, así como de la acciones de los jóvenes traficantes locales, busco comprender cómo grupos urbanos vulnerables se enfrentan y reaccionan ante las condiciones que los criminalizan y que hacen de sus vidas aún más precarias.

Las infraestructuras son las condiciones materiales que hacen y rehacen la vida en la ciudad (Anand 2017; Lancione, McFarlane 2016; Pilo’ 2020; Ranganathan 2014; von Schnitzler 2016). Como tales, las infraestructuras están en el centro de las “disputas” que conforman el mundo urbano. En mi investigación muestro cómo los grupos criminales expanden su dominio territorial, más allá del uso de armas, sino que a través del control de infraestructuras:  proporcionando, reparando o controlando el agua y el suministro eléctrico.  Dicho control de las infraestructuras por parte de “grupos armados”, configurado de manera parcialmente oculta, produce un nivel adicional de incertidumbre en las vidas de aquellos para quienes el tránsito entre lo legal, lo ilegal y lo ilícito (Teles 2010) forma parte ya de su vida cotidiana.

Conexiones, reparaciones y circulaciones

2004: Comienzo de la ocupación

La Ocupación Nelson Mandela comienza en el año 2004 como una alternativa habitacional para aquellas personas que no podían permitirse pagar un arriendo o querían vivir fuera del control de grupos armados, como grupos paramilitares o narcotraficantes. En las primeras semanas, los residentes de la ocupación se repartieron las labores que permitieron transformar un edificio público, abandonado por 20 años, en un hogar para 80 familias. En esta división de tareas, los hombres estuvieron a cargo de arreglar y conectar la electricidad así como de destapar y reparar las tuberías de agua potable y alcantarillado, mientras que las mujeres, por su parte, fueron las responsables de limpiar los espacios comunes y preparar las comidas durante los intensos días de trabajo.

Destapar y reparar las tuberías del agua potable y el alcantarillado de un edificio de 13 pisos demandó el esfuerzo de los residentes, quienes viven de trabajo duro e informal, así como de inversiones económicas para la compra de materiales por parte de estas familias con presupuestos limitados. Para hacer circular el agua fueron necesarias tres etapas: en la primera, se conectó la tubería pública a la del edificio; en la segunda, se destaparon y repararon las tuberías de las áreas comunes; y en la tercera, de forma privada, cada familia arregló las tuberías de su propio departamento. Sin ninguna ayuda del Estado y con recursos limitados, las obras estructurales para reemplazar la vieja tubería, erosionada por el tiempo, jamás se realizaron. Las fugas de agua en las paredes del edificio se hicieron frecuentes desde el inicio de la ocupación. A los residentes les tocó improvisar soluciones para un problema urgente que se repetía y que a su vez generaba urgencias nuevas (Simone 2018).

Luego de la conexión de la tubería pública al edificio, los residentes buscaron el apoyo de abogados activistas para regularizar el suministro. Estos abogados demandaron a CEDAE y exigieron, además de la regularización, la subvención de parte del consumo de agua a través de la “tarifa social.” [2] y [3] Tras años de negociaciones, ambos procesos fueron llevados a cabo, sin embargo, su realización no acabó con la precariedad del suministro de agua. En los 10 años de trabajo de campo que realicé en la Ocupación Nelson Mandela, fui testigo de varios cortes ilegales en el suministro de agua, de cobros por deudas anteriores a la ocupación y, eventualmente, de cómo el agua potable se mezcló con aguas residuales. En esta breve descripción, podemos ver cómo las tuberías conectan materialmente la vida íntima de las familias, la vida colectiva del edificio y la vida pública de la ciudad (Anand 2017; von Schnitzler 2016).

Disputas y conflictos

2006
Regularización del agua

La regularización del suministro del agua que se produjo en el año 2006, inició diferentes conflictos entre los residentes de la ocupación. Había solo un medidor para calcular el consumo de agua y estaba ubicado entre la tubería pública y la tubería colectiva del edificio. Se emitía una sola factura [1] [2]  con el consumo de todos los residentes, la cual era dividida por los 80 departamentos. Desde el año 2006, esta factura del agua pasó a ser además el documento oficial que acreditaba y legitimaba la vivienda de los residentes que, entre los años 2004 y 2012, fue considerada como irregular. Tanto el uso del agua como el pago de esta eran, por tanto, experiencias necesariamente compartidas por los ocupantes.

Existieron diversos conflictos en torno al pago de las facturas de agua. Samuel estaba a cargo de recolectar 8 R$ (1. 50 USD) por cada familia. Algunos de los residentes iban a ver a Samuel, le daban el dinero y él les escribía un recibo que acreditaba el pago. Otros residentes no tenían el dinero para pagar y algunos de ellos se negaban a hacerlo, argumentando que el suministro de agua debería ser proporcionado por el Estado. Esta dinámica, que cambiaba cada mes,  generó que Samuel, así como todos quienes estuvieron a cargo de recolectar alguna vez el dinero, creara distintas estrategias con el objetivo de recibir el dinero. Debido a la incertidumbre del trabajo informal, no era extraño que alguno de ellos se quedara con el dinero recolectado para su propio uso, retrasando el pago de la factura compartida de agua. Esas acciones generaban conflictos, acusaciones y nuevos grupos de personas que se negaban a pagar por el agua. Además, todos sabían que el décimo día de cada mes, Samuel tendría aproximadamente 650 R$ (120 USD) en efectivo en su casa. Esto le hacía a él y a su casa vulnerables y, con frecuencia, las casas de quienes recolectaban el dinero eran robadas.

Invasión, peligros y silencios

         2012                                                                       2013

 Regularización de la propiedad                          Invasión de narcotraficantes 

Luego de ocho años de lucha, en el año 2012, los residentes ganaron la disputa judicial por la regularización de la propiedad. [4] Al mismo tiempo, el centro de la ciudad de Río de Janeiro estaba pasando por una “revitalización” a causa de la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Muchas familias pobres fueron obligatoriamente reubicadas en zonas periféricas de la ciudad. En este contexto, tener las garantías legales para permanecer en el edificio fue una victoria ampliamente celebrada. Sin embargo, en el año 2013, miembros del Comando Vermelho invadieron el edificio e instalaron una base de tráfico de drogas, ubicando a la ocupación nuevamente en la ilegalidad. Los residentes intentaron revertir la situación, sin ningún éxito. La policía militarizada conspiró con el Comando Vermelho, inicialmente facilitando la invasión del edificio y luego, yendo a buscar el “arrego” semanalmente a esta base de venta de drogas. Enfrentarse abiertamente a dos fuerzas armadas era demasiado peligroso para los residentes de la ocupación [5] [6].

Inmediatamente después de la invasión del Comando Vermelho, los jóvenes traficantes locales trajeron a otras familias a vivir al edificio. Para ello, desalojaron a antiguos residentes de sus departamentos. Conscientes de que los recibos por el pago del agua estaban escritos manualmente por el recolector del edificio y que estos eran los documentos que permitían la regularización de la propiedad ante las instituciones estatales, los miembros del Comando Vermelho intentaron hacerse con estos documentos para poder legitimar la residencia de los nuevos habitantes. Haciendo esto, garantizaban la legalidad de la residencia de las nuevas familias al mismo tiempo que las incorporaban en su red de confianza.

Para poder proteger a Samuel y los recibos, su madre, Leonor, comenzó una batalla silenciosa. Ella y otras mujeres del edificio comenzaron a vigilar a los traficantes de drogas y comunicarse a través de WhatsApp, borrando los mensajes justo después de que eran enviados, para informar a Samuel cuándo los jóvenes traficantes se encontraban cerca. Dicha micro-estrategia permitió que Samuel escapara de los traficantes y de sus amenazas. Con el paso de los meses, las emboscadas del Comando Vermelho se hicieron menos frecuentes y, a partir de una operación de la policía militar, el líder local del tráfico de drogas fue asesinado. Después de este episodio, los intentos de los traficantes para quedarse con los recibos se terminaron.

Las obras de construcción

En septiembre del año 2015, miembros del Comando Vermelho desalojaron al propietario de uno de los establecimientos comerciales cercanos a la ocupación e invadieron el edificio. Para llevar agua a esta propiedad, los jóvenes traficantes locales planificaron su proyecto de infraestructura. Cuando las tuberías, el cemento y los sacos de arena comenzaron a llegar a ese lugar, Leonor, Samuel y otros residentes empezaron a intercambiar información, hablando entre ellos por los pasillos o vía WhatsApp, intentando comprender lo que estaba pasando. A través de los rumores, los residentes se dieron cuenta de que su acceso al agua podría estar en peligro. Descubrieron que el objetivo de los miembros del Comando Vermelho era sacar agua del aljibe de la Ocupación Nelson Mandela y así suministrar agua a la propiedad comercial, que se convertiría en una nueva base para la venta de drogas.

En conjunto con otras mujeres, Leonor intentó evitar esta situación. Ella me escribió por WhatsApp pidiéndome que me contactara con abogados activistas que pudieran ayudarla. Luego de esta petición, tuve reuniones con defensores públicos de la Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, específicamente quienes trabajaban en el Núcleo de Terras e Habitação y en el Núcleo de Direitos Humanos. En estos encuentros les expliqué a los abogados la complejidad del asunto. Sin embargo, sin poder denunciar lo sucedido a la policía militar y con la posibilidad de represalias violentas contra los residentes, no pudimos encontrar soluciones al problema.

El 2 de noviembre del año 2015, se realizaron las obras para transferir el agua desde el aljibe de la ocupación al nuevo punto de venta de drogas. Como el agua que entraba al aljibe era calculada por el medidor del edificio, todo el consumo del establecimiento comercial comenzó a ser debido por los residentes de la ocupación. ¿Quién iría a recolectar el dinero por el consumo de agua de los miembros armados del Comando Vermelho? Sin ninguna salida, los residentes vieron cómo la factura del agua aumentaba y comprometía aún más sus economías domésticas.

Conclusión

Las disputas por la vivienda a las que se ven sometidos los pobres urbanos son a menudo invisibles a las miradas externas e impensables incluso para quienes viven en esos espacios. Observar la agencia de Leonor y Samuel, en los intersticios de los poderes del Estado y de los grupos de narcotraficantes, nos ayuda a comprender cómo se configuraron las relaciones y los enfrentamientos que aseguraron la continuidad de la ocupación. Centrar nuestros análisis en las agencias de la gente común para asegurar el suministro de agua revela las estructuras de poder que conforman la vida urbana y nos permite pensar en cómo las desigualdades están presentes en la vida cotidiana. Sostengo, por tanto, que un “orden urbano” puede ser producido a través del control y la distribución de recursos vitales como el agua, pero que podemos ampliar esta visión a las infraestructuras en general (Pierobon 2018). La incertidumbre cotidiana con la que acceden al agua aquellos que habitan en “los márgenes del Estado” (Das and Pole 2004) nos muestra que las infraestructuras no son neutrales: todo lo contrario, están incrustadas en jerarquías de poder que, simultáneamente, refuerzan y reubican a los pobres entre lo legal, lo ilegal y lo ilícito. Analizar las infraestructuras en el entrecruzamiento de relaciones nos ayuda en el trabajo de “hacer lo ordinario aparecer” (Das 2007) y replantea la cuestión de la producción de la vida en las ciudades por otros medios. Los recorridos que hicieron los residentes de la Ocupación Nelsón Mandela para acceder al agua son útiles para pensar acerca de cómo las poblaciones concretamente experimentan las ciudades en las cuales las infraestructuras conforman el centro de las disputas.

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Nota del traductor: ¨Este artículo ha sido traducido del inglés “Clandestine Connections: Water as the Center of Dispute”, publicado en el sitio web PoLAR online de la revista PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, el 10 de febrero del 2021. Agradezco a Camila Pierobon, su autora, y a la revista, quienes dieron su consentimiento para publicar esta traducción. Se puede acceder al texto original a través del siguiente enlace: https://polarjournal.org/2021/02/10/clandestine-connections-water-as-the-center-of-dispute/.

En el texto “Fazer a água circular: tempo e rotina na batalha pela habitação”, la autora desarrolla un análisis más extenso sobre las luchas políticas dadas en las vidas cotidianas de Leonor y los residentes de la Ocupación Nelson Mandela, en relación a hacer circular el agua durante 15 años de asentamiento. Se puede acceder al artículo a través del siguiente enlace: https://www.scielo.br/j/mana/a/XsVFsWRCXKZTnccF5s64V8p/

Notas:

[1] Quiero agradecer los comentarios de Antonia McGrath, Francesca Pilo’, Mariana Cavalcanti, Marcella Araujo, Patrícia Birman, Gabriel Feltran, Frank Müller y Marcos Campos. Este trabajo es el producto de las discusiones realizadas por el Grupo de Estudos sobre Infraestrutura Urbana, organizado por  Grupo Casa (IESP/UERJ) y Urbano – Laboratório de Estudos da Cidade (UFRJ). Este texto está inspirado por el trabajo de Shaylih Muehlmann titulado: “Clandestine Infrastructures: Illicit Connectivities in the US-Mexico Borderlands” (2019).

[2] Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado, Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), empresa pública que abastece a la ciudad de Río de Janeiro.

[3] La tarifa social es un beneficio ofrecido por CEDAE y el municipio de Río de Janerio para subvencionar parte del suministro de agua a las familias de bajos ingresos.

[4] Regularização Fundiária de Interesse Social, es un conjunto de medidas jurídicas que garantizan el derecho a legalizar sus residencias a familias de bajos ingresos que ocuparon por un período de tiempo determinado, prescrito por la ley, áreas públicas o privadas para la construcción de sus casas.

[5] Arrego es el nombre local dado al soborno pagado por traficantes a los oficiales de la policía militarizada en Rio de Janeiro.

[6] Para un análisis sobre la invasión de la ocupación por parte de grupos de traficantes de drogas, véase: Birman, Fernandes e Pierobon (2014).

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Referencias:

Anand, Nikhil. 2017. Hydraulic City: Water and Infrastructures of Citizenship in Mumbai. Durham: Duke University Press.

Appadurai, Arjun. 2013. “Housing and Hope”. Places Journal. https://placesjournal.org/article/housing-and-hope/?cn-reloaded=1#0

Birman, Patrícia; Fernandes, Adriana; Pierobon, Camila. 2014. “Um emaranhado de casos: tráfico de drogas, estado e precariedade em moradias populares.” Mana 20(3): 431-460.

Das, Veena. 2007. Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary. Los Angeles: University of California Press.

Das, Veena; Poole, Deborah. 2004. “State and Its margins: Comparative Ethnographies”. In Veena Das and Deborah Poole, eds., Anthropology in the Margins of the State. Pp.3-34. Santa Fe: School of American Research Press.

Lancione, Michele; McFarlane, Colin. 2016. “Infrastructural Becoming: Sanitation and the (Un)Making of Life at the Margins”. In Andres Blok and  Ignacio Farías, eds., Urban Cosmopolitics: agencements, assemblies, atmospheres (Questioning Cities). Pp. 45-62. New York: Routledge.

Muehlmann, Shaylih. 2019. “Clandestine Infrastructures: Illicit Connectivities in the US-Mexico Borderlands”. In Kregg Hetherington, ed., Infrastructure, Environment, and Life in the Anthropocene. Pp. 45-65. Durham: Duke University Press.

Pierobon, Camila. 2018. Tempos que duram, lutas que não acabam: o cotidiano de Leonor e sua ética de combate. Tese de Doutorado. UERJ.

Pilo’, Francesca, 2020. “Material Politics: Utility Documents, Claims‐Making and Construction of the ‘Deserving Citizen’ in Rio de Janeiro”. City & Society 32(1): 71-92.

Ranganathan, Malini. 2014. “’Mafias’ in the Waterscape: Urban Informality and Everyday Public Authority in Bangalore”. Water Alternatives 7(1): 80-105.

Simone, AbdouMaliq. 2018. Improvised Lives: Rhythms of Endurance in an Urban South. Medford: Polit Press.

Telles, Vera. 2010. A cidade nas fronteiras do legal e ilegal. Belo Horizonte: Argvmentvm.

von Schnitzler, Antina. 2016. Democracy’s infrastructure: techno-politics and protest after apartheid. Princeton: Princeton University Press.