El lucro en educación: la letra chica en Chile

Sin duda que no es lo mismo la dictadura de Pinochet que el actual gobierno de derecha, como tampoco es lo mismo este régimen que las cuatro administraciones de la Concertación. Pero, económicamente la línea gruesa no se ha modificado. Lo corroboró a fines del año pasado uno de los inspiradores de la política aplicada desde los años setenta, el doctor en economía de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, en una visita efectuada al país. “Yo creo –destacó Harberger– que existe una gran continuidad de política económica en Chile durante el período del gobierno militar, y una vez que se formó el equipo de Patricio Aylwin con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo que los gobiernos anteriores, y eso ha seguido hoy día que yo sepa. Claro que (…) hay diferencias de milímetros y centímetros, pero no grandes diferencias. No son muchos los países –concluyó- que han logrado ese grado de consenso referente a la conducción de política económica”.

Observando las gigantescas movilizaciones efectuadas en los últimos meses: la rebelión del gas en Magallanes; las grandes expresiones de protesta por el proyecto de la megacentral hidroeléctrica HidroAysén; las movilizaciones de trabajadores, particularmente al aprobarse el reajuste del sector público; hasta la gigantesca jornada de hace menos de una semana atrás de la educación como un derecho, no una fuente de lucro y el papel que le corresponde al Estado, a lo cual se suman choques entre las “dos almas” de la llamada “Coalición por el cambio”, que expresó un nuevo capítulo de sus diferencias en el consejo directivo ampliado de la UDI efectuado en las Termas de Cauquenes. Pienso que se dan manifestaciones que dan lugar a hablar de que se trata de un país gobernado directamente, no siempre logrando sus propósitos, por uno de sus dueños.

Nuestro libro fue cerrado en marzo pasado. Han transcurrido, desde entonces, tres meses. En la introducción expresamos la esperanza de que su lectura contribuirá a entender acontecimientos que estaban –y muchos de ellos siguen estando– en desarrollo, lo cual permitirá develar más profundamente el significado del gobierno Piñera y de la realidad interna y externa en que se desenvuelve. No es nuestra intención hoy repetir lo escrito en el texto sino destacar hechos que consideramos importantes desde marzo, intentando así darle continuidad a nuestro análisis.

La reforma “revolucionaria” de Piñera y Lavín

Un tema muy actual es la educación. La “reforma” anunciada durante noviembre como un “cambio revolucionario”, en el esquema de los anuncios llenos de autopanegíricos que Piñera se dedica, fue convertido en un éxito de su política de “consensos” con sectores de la Concertación, lo cual forma parte de su estrategia para posibilitar sacar adelante su programa de Gobierno, que acentúa rasgos regresivos del modelo económico en aplicación. Esta táctica se encuentra en pugna dentro de su coalición política con el ala más de derecha que busca imponer sus objetivos históricos y que en el plano económico ha tenido como sus exponentes al Instituto Libertad y Desarrollo (ILD), al ex ministro de Hacienda en los años de dictadura Hernán Büchi y a parlamentarios de la UDI.

Este cambio “revolucionario” fue convertido en ley durante enero. Como señaló en ese momento el presidente del PR, José Antonio Gómez, “(…) de principio a fin se suscribió un pacto sin discusiones hacia la comunidad, hacia quienes son nuestros adherentes. (…) esto se resolvió entre cuatro paredes, porque no se atrevieron al diálogo con la ciudadanía. Y ¿por qué? Lo escuché directamente de la autoridad, porque no querían conflictos con profesores y alumnos”.

Sin embargo, en la práctica no lograron imponerlo sin la participación de estos sectores fundamentales, como lo demuestran las jornadas vividas en las últimas semanas por estudiantes de la enseñanza media y superior, por el profesorado y personal no académico, además de padres y apoderados. Estas acciones cuestionan a que se intente imponer políticas centrales para el país al margen de la ciudadanía. La revista británica The Economist, en un artículo publicado la semana pasada con el sugerente título de “Cómo han caído los poderosos”, critica precisamente la “forma de gobernar” de Piñera. “El –explicitó– ha centralizado la toma de decisiones en su propia oficina, y rara vez pasa a través de un amplio proceso de consulta antes de tomar una medida”. Por eso, añade, “sus ministros son vistos como personas con poca autoridad, el propio señor Piñera –concluyó–  se ha convertido en un pararrayos de las críticas a su gobierno” (17/06/11).

Pablo Longueira, en las Termas de Cauquenes, apuntó en la misma dirección. El problema, recalcó buscando “encontrar la explicación de por qué estamos en un 36%” (de apoyo en la última encuesta de Adimark) está en Palacio, recordando episodios tenidos presentes en nuestro análisis como el de la ANFP, el conflicto por el gas de Magallanes y el incidente del helicóptero. El 36% concluyó refleja un gobierno “sin relato, convicción y con letra chica. Éste –destacó- es un gobierno sin partidos” (13/06/11). Se trata de temas contenido en nuestro libro cuando describimos en su primera parte los rasgos del “sello Piñera”. Ellos no se han modificado.

La educación –como ha expresado la gigantesca movilización efectuada– debe ser un derecho y no una fuente de lucro, el cual fue defendido públicamente por el director ejecutivo del ILD, Luis Larraín, al sostener “que para educar y sanar se requiere algo más que puro corazón” (18/06/11), queriendo decir así que deben obtener ganancias. Lavín, por su parte, reconoció públicamente en televisión que su gestión empresarial en educación le generó lucro, le produjo beneficios, en relación a lo que le reportó su paso por la Universidad del Desarrollo.

El crédito de estudio del Grupo Saieh

¿Cómo se puede defender que el llamado “crédito con aval del Estado” tenga una tasa de interés de 5,3% y el Fondo Solidario que proporciona recursos para los estudiantes del Consejo de Rectores sea de 2%? ¿Hay estudiantes de diferentes categorías? Por lo demás, las tasas cobradas en los “créditos con aval del Estado”, que tiene un escaso riesgo de no pago, es fuente de utilidades para el sistema bancario, que obtiene como demuestran sus estados de situación, rentabilidades elevadas. El negocio de las instituciones financieras al otorgar estos créditos es grande y seguro, por ello en 2011 compitieron por obtenerlo trece empresas, ganándolo finalmente Corpbanca, del grupo Saieh. Mientras el alumno no egresa el aval, por lo demás, no es del Estado sino que de la universidad o el instituto que debe responder en caso de por cualquier motivo no continuar sus estudios. Pasa a ser fiscal únicamente cuando egresa, al tener que desembolsar un 45% del monto en caso de no pagarse, el resto lo cubriría –el gran beneficiario– Corpbanca, para quien se trata de otra esfera de su negocio.

En la Educación Superior, el Estado ni siquiera cumple con sus obligaciones hacia “sus” centros de enseñanza superior. ¿Cuál es su situación? Económicamente tienen que autofinanciarse. La política gubernamental, según se expresó en el Presupuesto 2011, fue respaldar a “todas las instituciones – como señaló Joaquín Lavín– independientemente de su origen” (29/10/10). En otras palabras, no se le concede una función especial a las universidades estatales. Peor aún, se mantienen las trabas legales y los controles que se les imponen por su carácter, objetivamente si se coloca a todas en el mismo plano se termina discriminándolas.

El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, expresó la demanda que las instituciones estatales deben recibir un Nuevo Trato, que entre otros aspectos debe expresarse en que presupuestariamente se financien hasta un 50% de sus actividades. “El Estado – agregó el rector de la Casa de Bello, describiendo la situación del año 2010 – solo financia el 14% del presupuesto de la Universidad de Chile, que asciende a $300.000 millones y nos obliga a que todos nuestros ingresos públicos y privados sean fiscalizados por la Contraloría General de la República”. Más difícil es la situación de universidades estatales de regiones.

El Panorama de la Educación 2010 de la OCDE recomendó a los gobiernos a invertir más en educación superior para asegurar un crecimiento económico de largo plazo. En el caso de Chile constató que los privados financian un 85,6% del total, proviniendo un 80% de los hogares, mientras que el Estado participa únicamente en un 14,4%.  En cambio, hay países de la OCDE que casi la totalidad del financiamiento es estatal: Noruega (97%), Dinamarca (96,5%), Finlandia (95,7%), para citar a aquellas naciones en que se registran los porcentajes más elevados.

Ello, en circunstancias que “los precios de los aranceles que cobran las universidades (…), corregido por ingreso per cápita –escribió el economista de la U. de Chile Patricio Meller–, está entre los más altos del mundo”. Según datos del Consejo Nacional de Educación en 2010 el arancel promedio fue un 11,9% real superior al cancelado en 2005, si se elimina el efecto de la inflación.

Joaquín Lavín -que debe recordarse es miembro del Opus Dei, cuando fue alcalde de Las Condes promovió personalmente la transformación de escuelas municipales a particulares subvencionadas y fue fundador de la Universidad del Desarrollo, una de las instituciones de educación superior “cota mil”- para tratar de dividir a los estudiantes y explicitar su formal apoyo por los sectores de menos ingresos, señaló que se debe privilegiar a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, que sin duda enfrentan grandes dificultades y objetivamente son discriminados.

“¿Alguien cree –se preguntó Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales– que un sistema que reproduce la estructura de clases sociales contribuirá a mayores niveles de justicia? Nadie, por supuesto. Todos saben que una estructura así contribuye a que la cuna marque a fuego el destino de los niños. Es cierto: todos los sistemas educativos reproducen –enfatizó– en alguna medida el origen social, pero ninguno lo hace con el esmero y la impudicia del chileno. Y si eso ocurre con el sistema escolar, los problemas que presenta la educación superior –agregó– tampoco son desdeñables. Escuelas más igualitarias, un sistema de educación superior con mayor acceso para quienes fueron históricamente excluidos, instituciones públicas más fuertes. ¿Excesivo o imposible?” (12/06/11). No son temas, desde luego, que se plantee la reforma “revolucionaria” de Piñera y Lavín.

La dimensión de las movilizaciones de la semana pasada en contra del lucro y por más Estado en la educación condujeron a pronunciamientos, también desde la derecha de la derecha, que se refirieron incluso al papel general del gobierno Piñera. “(…) este gobierno fue elegido –escribió Axel Buchheister– sin que tuviera realmente un programa, esto es, una propuesta sustancial y coherente de lo que haría en su mandato, con qué ideas gobernaría y qué objetivos perseguiría. En suma, ganó sin definiciones de fondo. Lo que hubo fue una serie de ofertas para ganar votos, que se fueron armando al calor de la campaña. Nunca hubo un debate y un compromiso en torno a ciertas ideas y acciones básicas (…) y más bien la lógica fue omitir definiciones y pronunciamientos. Ganar haciéndose el leso –concluyó Buchheister– es posible, pero genera un problema: el día después, cuando hay que entrar a gobernar, y eso no es sencillo cuando no hay sustento, como ha quedado comprobado con la semana que termina” (19/06/11). Precisamente la de las gigantescas jornadas a favor de una educación pública o de orientación pública, sin lucro.

En general, como acontece en la educación, las demandas sociales chocan abiertamente con la política fiscal del Gobierno. En la práctica la cuestionan, se requiere, eso sí, que lo hagan explícitamente, frente a un gobierno –debe subrayarse– que dispone de recursos, pero que prefiere colocarlos –continuando con la política de las administraciones anteriores– en activos financieros en el exterior en vez de utilizarlos para modificar la estructura productiva chilena, siempre extraordinariamente dependiente de unos pocos rubros de exportación, básicamente primarios y con escaso valor agregado incorporado, o sea trabajo humano que es básico para la expansión de un país, y también para mejorar las condiciones de vida de una población que sigue estando entre las naciones de peor distribución de los ingresos a nivel mundial.

Esta contradicción se expresa claramente en los llamados proyectos sociales del gobierno, que buscan con varias formulaciones adicionales en “letra chica” cumplir con promesas efectuadas durante la campaña electoral.

* Extracto de la charla del 22 de junio de 2011 en CENDA (Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo), en relación a su libro recién publicado por nuestra editorial Un país gobernado por uno de sus dueños.