TPP-11: Un nuevo atentado económico y colonial

Desde los años 90 a la fecha, los distintos gobiernos post-dictatoriales, han promovido una serie de medidas económicas con el fin de profundizar la neoliberalización del mercado y la “integración” en las áreas libres de comercio. El Estado de Chile, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet suscribe ser partícipe de este nuevo tratado de libre comercio que viene a profundizar el intercambio económico desigual entre países extractivistas versus los industrializados; junto con la intensificación de políticas-económicas que atentan contra los procesos de sostenibilidad de la vida. El TPP, Acuerdo Transpacífico de Asociación económica (por sus siglas en inglés), inicialmente suscribía los Estados de: Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Australia, México, Perú, Malasia, Singapur, Vietnam y Estados Unidos. Tras la salida de éste último, con la llegada de Donald Trump (DT) al gobierno en el año 2017, el tratado sufre algunas modificaciones, en tanto que Estados Unidos era el principal promotor de la iniciativa global. Entre las razones de DT se enmarcan una serie de medidas proteccionistas que reorientan los intereses económicos hacia una mirada interna “nacionalista”, intentando recuperar la actividad económica hacia las grandes compañías e industrias norteamericanas. Chile, al mando del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz (PPD), es el primer país en reaccionar para reactivar el pacto tras la salida de Estados Unidos, los once países restantes, renegocian el acuerdo, conformando el Tratado Integral y Progresista de Asociación Económica, CPTPP O TPP-11. La salida de Estados Unidos da un viraje, que profundizaría el acercamiento con el gigante asiático Chino, que por lo demás es el mayor impulsor de las infraestructuras IIRSA en Abya Yala, y beneficiario del Extractivismo minero en la región chilena y peruana.

Lo que ha caracterizado al TPP-11 desde sus inicios, ha sido su constante secretismo que da blindajes absolutos a las transnacionales, no por nada han sido sus representantes los que han dirimido las expectativas del acuerdo y que finalmente sea el mercado internacional quien determina qué y cómo deben ser los marcos económicos y jurídicos de los Estados-nación. Sin duda, es un tratado que traerá graves consecuencias en nuestros cuerpos y territorios ya que beneficia directamente a los sectores rentistas y extractivos, principalmente los sectores forestales, del agronegocio y pesqueros, profundizando el despojo de derechos sociales; la pérdida de soberanía territorial y alimentaria de los pueblos campesinos e indígenas y con ello la crisis social y ecológica.

Puntos más complejos:

· Controversias entre Inversor-Estado: Los Estados podrán ser sometidos a Sistemas de Arbitraje Internacional, en caso que los inversionistas de las transnacionales consideren que las políticas internas de los países afecten la rentabilidad de sus ganancias o la “expectativa razonable de ganancia”, es decir que en el marco del acuerdo ningún Estado puede interferir con los negocios corporativos. Lo grave de esta situación es que con toda impunidad contra los pueblos y ecosistemas, no se podrían regular situaciones de impacto socioambiental, en la salud, etc.

· Tpp y salud: Es un impacto directo a lxs más pobres, ancianxs y enfermxs, ya que las farmacéuticas transnacionales que patenten los medicamentos de 5 a 8 años, no podrán tener competencia y vender sus productos al más alto precio, haciendo que las personas dependan de las grandes empresas al no tener adquisición a genéricos de laboratorios locales.

· Convenio Upov 91 – Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones-  es uno de los acuerdos a los que se suscribe en el Tratado, otorga “derechos de obtentor” a las grandes corporaciones para el control y privatización de las semillas. Las empresas multinacionales presentan múltiples solicitudes de derecho de obtentor respecto a las variedades propias de cada pueblo, y como no estaban registradas en la UPOV, se adjudican el derecho solicitado. Este punto nos parece, sumamente importante ya que significa condenarnos al sometimiento de la Agricultura hegemónica y con ello a la pérdida de biodiversidad de los suelos, por el impacto de los monocultivos; el uso de agrotóxicos; el acaparamiento de aguas; e incluso la migración campo-ciudad. La agricultura popular y ancestral ha significado un intercambio de saberes, prácticas y de bienes comunitarios de la naturaleza que permiten la sostenibilidad de la vida (semillas, plántulas, frutos, etc) junto con proporcionar una gran diversidad de alimentos con gran aporte nutricional. Nos condenan a una alimentación pobre en términos nutricionales y con una poca diversidad, más en estos tiempos de cambio climático, de crisis hídrica y ecológica, la pérdida de soberanía alimentaria de los pueblos es un atentado a las formas de vida que resisten.

Sin duda faltan muchos elementos a profundizar, como la propiedad intelectual y las restricciones en internet. De lo anterior podemos vislumbrar que el TPP-11 es un nuevo atentado contra la vida, es una “expresión económica y comercial del colonialismo” en un contexto latinoamericano de recolonización de los territorios y bienes naturales que nos condenan a un ecocidio y biocidio de escalas inimaginables. Hacemos un llamamiento a poner la cuerpa en resistencia de la vida, a organizarnos y visibilizar los embates de la modernidad colonial y capitalista.

¡Arriba lxs que luchan, Resistencia es Vida!