Tragedia y fracaso político en La Araucanía
La Araucanía enfrenta una tragedia de la que todos los actores políticos son parte. Algunos, por llamar a una criminalización y justificar la represión invocando un terrorismo inexistente. Otros, por plantear la cortoplacista solución del asistencialismo, que deja en un estado permanente de inferioridad y subordinación a un grupo que tiene características históricas particulares. Ambas visiones tienen en común el desechar el empoderamiento del movimiento Mapuche, que lleva veinte años planteando la autodeterminación como eje programático. Los actores políticos Mapuche, que en sus discrepancias internas no han asumido el desafío de plantear propuestas que colaboren en la construcción de la utopía nacional, también son parte de esta tragedia.
Los que plantean el empate catastrófico en contabilidad de víctimas, van hacia un sendero sin salida. Es cierto: la impunidad hacia las víctimas Mapuche es real y la criminalización de las demandas, al llevarlas al rincón de la delincuencia, no aportó a la solución de este desencuentro; por el contrario, las acrecentó a niveles que hoy todos debemos lamentar. Por lo mismo, la aplicación una vez más de la Ley Antiterrorista y la posibilidad de imponer un Estado de excepción en la región, no aportan en nada. Tomar ese camino, al contrario, aumentará la tensión y es asumir la derrota de la clase política y del Estado, que por veinte años no han querido enfrentar de forma seria y concreta el desencuentro.
Lemun, Catrileo y Mendoza Collío son símbolos de una tragedia evitable. Hoy, el apellido Luchsinger también. Es la demostración de que la política ha quedado ausente hace mucho tiempo de este conflicto y que no es capaz de contestar a la pregunta de cómo ingresamos a una democracia imperfecta las aspiraciones de los otros pueblos que conviven en Chile.
Las declaraciones del senador Alberto Espina exigiendo una nueva militarización no son un aporte a la solución. Pareciera que la tragedia que hoy enluta a la Araucanía genera un contexto político apropiado para los que han venido justificando el “garrote” hace años, porque se legitiman las ópticas de “extremismo”, “terrorismo” y “violentismo”. El retorno a escena del fiscal Ljubetic, además, grafica el retroceso político, junto a las declaraciones de dirigentes UDI y RN en pro de acabar con los “beneficios” que se le han otorgado al pueblo Mapuche. La derecha autoritaria y colonial está ganando la partida con el aval del Gobierno, que ha caído en un frenesí represivo en vez de buscar consenso y diálogo.
La construcción del Movimiento Político Mapuche ha sido lenta: si en 1992 emergió una subjetividad con la bandera nacional, cinco años después dio un paso cualitativo con los sucesos de Lumako, observándose un ascenso en el empoderamiento indígena y un florecimiento intelectual, concretado en obras de historiadores y literatos. Pero hoy la muerte de una familia de colonos es un nuevo hito que lleva a la urgencia de reflexionar sobre el estado actual del movimiento.
La forma en que los medios de comunicación han mostrado la tragedia de los Luchsinger, hace que parte del Movimiento Político Mapuche parezca perder el sustento moral y legitimidad que lo había llevado a arrinconar los planteamientos más “duros” de la derecha. Esto fuerza la necesidad de un debate interno para una nueva etapa de la historia del movimiento. Un porcentaje mayoritario del pueblo Mapuche ha rechazado los hechos ocurridos, en las voces de los dirigentes Huenchullan, Melinao y Juana Calfunao. No se puede perder de vista que se está frente a una reivindicación de identidades étnicas, que pone en el centro al ser humano y basada en el derecho de tener una identidad y control sobre ella. Por lo mismo, la muerte de la familia Luchsinger empaña la construcción de la utopía nacional Mapuche, profundamente humanista.
Para los colonos y agricultores también es un punto de inflexión. No sería extraño que a partir de ahora se legitime la violencia contra los Mapuche. En parte, es una cultura política. No se debe olvidar que sus antepasados ocuparon la región para mantener al bandolerismo a raya luego de la Ocupación de La Araucanía. El mismo sentimiento retornó durante la Reforma Agraria, cuando los Mapuche decidieron correr los cercos de los latifundios. La historia vuelve. Los gritos de armas irrumpieron desde el mismo día en que el movimiento ascendió. Los agricultores tienen hoy un símbolo que los aglutina. ¿Estaremos ante la emergencia de un Comando Rolando Matus? He ahí la gravedad de los vientos de guerra que soplan desde La Moneda, que hoy debiera actuar con altura de miras.
La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del 2003 reconoció que la raíz del actual desencuentro emergió en la Ocupación de La Araucanía. ¿Cómo resolvemos una historia que no concluyó, a pesar de lo que dijeran los liberales de aquel entonces? Las razones del enojo del presente están en las heridas que se abrieron en ese despojo territorial que llevó al pueblo Mapuche a un estado de inferioridad racial y subordinación que se aplicó en las reducciones, eufemísticamente llamadas hoy “comunidades”. Y estos no son argumentos “papanatas”, como escribió el acérrimo concertacionista Ascanio Cavallo: son construcciones históricas de las que el Estado debe hacerse cargo. En cierta medida, existe una deuda histórica y una deuda política con el pueblo Mapuche.
Cómo nos enfocamos hoy en las soluciones debería ser la discusión. El Presidente Piñera lo señaló en octubre: la necesidad de un pleno reconocimiento constitucional que, unido al Convenio 169 de la OIT, “permitirá participar y contribuir más activamente en la sociedad y organizarse conforme a sus propias visiones, costumbres y valores”. Luego, agregó, dejar atrás la estrategia de asimilación para una integración. Todo esto, acompañado de un ingreso real a las decisiones políticas que afecten al pueblo Mapuche.
El Ministro Chadwick no aporta a la solución del problema con el envío de equipos de inteligencia y nuevos convoy de carabineros a Wallmapu. Solo incrementa la tensión y genera nuevos dolores que se politizarán en la rabia. Es hora de imaginarse la relación entre el pueblo Mapuche y Estado chileno hacia el 2050; de asumir la tragedia de los Luchsinger y de los Lemun, Catrileo y Mendoza Collío. Hoy, el deber impone generar los espacios para el diálogo político con las organizaciones representativas del pueblo Mapuche, considerando el proyecto indígena sembrado hace veinte años en la autodeterminación, que desafía constantemente a una democracia imperfecta.
* Columna de opinión publicada y difundida también en diario The Clinic, jueves 10 de enero de 2013, Año 14, N°478.
