Recuperar la Noche: Espacio propio y conocido de Resistencia

Por primera vez desde el término de la dictadura de Pinochet (1973-1990), el 19 de octubre de 2019 el Jefe de la Defensa Nacional, general Javier Iturriaga,  decreta el toque de queda para las provincias de Santiago y Chacabuco y para las comunas de San Bernardo y Puente alto. Días más tarde, esta medida se extiende para nueve de las dieciséis regiones del país, y al día de hoy, amparada bajo la actual emergencia sanitaria, el toque de queda continúa rigiendo para el 100% del territorio nacional.

Veinticuatro horas antes de aquel 19 de octubre, comenzaba a gestarse lo que hoy, ya con absoluta certeza, pasará a la historia como el fin de la transición chilena y la superación de la Constitución política heredada de la dictadura y administrada y perfeccionada durante treinta años por la Concertación de partidos por la democracia y la derecha empresarial.

Sin embargo, este hito histórico del que hoy somos parte no fue gratuito. Fiel a su origen, esta institucionalidad no permitió en veinte años estas primeras luces de protagonismo popular que hoy podrían vislumbrarse, y obligó a nuestra juventud, despojada ya de los miedos del pasado,  a transitar el único camino que objetivamente hizo posible poner fin a estos veinte años de democracia protegida: la ingobernabilidad.

Como resultado de diversos procesos de acumulación de fuerza y de expresión de un profundo descontento, la revuelta popular de octubre de 2019 viene a coronar una larga lista de movilizaciones con un denominador común: la dictadura política y económica que representó en los hechos la política de “la medida de lo posible” pactada para la salida de Pinochet del poder el 11 de marzo de 1990, la que además de precarizar la vida de millones de personas a través de la mercantilización de los derechos sociales, se tradujo en un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales y en una  depredación ambiental que por estos tiempos podría alcanzar límites tal vez ya irreparables.

Resulta pertinente entonces, derribar el mito del “factor sorpresa” de la revuelta popular de octubre, y para esto, no debemos olvidar, por ejemplo, que el estallido social iniciado a comienzos de mayo de 2016 en el archipiélago de Chiloé, inicialmente generado por una extensa marea roja arrastrada desde mediados de febrero del mismo año que privó a los pescadores artesanales de poder realizar su trabajo en zonas que nunca antes se habían visto afectadas por este fenómeno, se vio fuertemente agudizado cuando se hace pública la información de que entre el 12 y el 25 de marzo de ese entonces, la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura autorizan el vertimiento al mar de poco más de 4.500 toneladas de salmones muertos a una distancia de 140 kilómetros de las costas chilotas, situación que fue acusada por parte de las comunidades locales como el origen de los altos niveles de contaminación que les impidieron desarrollar normalmente su actividad pesquera de subsistencia.

No debemos olvidar, por ejemplo, que el conflicto socioambiental iniciado en diciembre del 2011 en la localidad de Freirina contra la empresa Agrosuper, fue consecuencia de la contaminación y el agotamiento de napas de agua que abastecían a las comunas de Huasco y Freirina y de los sistemáticos malos olores emitidos por la planta faenadora de cerdos más grande de Sudamérica, los que impedían, entre otros, desarrollar con normalidad los procesos educativos de los niños y niñas de las escuelas de la zona, como por ejemplo, salir de sus aulas en los horarios de recreo o alimentarse adecuadamente en los horarios de desayuno y almuerzo producto de las náuseas que a muchxs de ellxs les generaban los intensos olores a fecas provenientes de los cientos de criaderos que operaban en la zona.

No debemos olvidar, por ejemplo, que las dos movilizaciones estudiantiles más grandes de los últimos veinte años (revolución pingüina del 2006 y movilización estudiantil del año 2011) surgen como respuesta a la intacta estructura del sistema educativo de la dictadura que ningún sector político se atrevió a tocar en más de 15 años de administración del Estado, consagrada, entre otras, mediante la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza promulgada el 10 de marzo de 1990 (un día antes de la salida de Pinochet) y la Ley General de Universidades promulgada en plena dictadura, en enero de 1981.

La primera, consagraba el derecho de los empresarios a la “libertad educacional”, gestando una educación para ricos pagada y una educación para pobres precarizada, además de permitir el uso de fondos estatales para la rentabilidad de sociedades educacionales privadas, como los colegios subvencionados.

La segunda, dio inicio a la privatización de la educación superior por medio de la posibilidad de crear universidades privadas sin dependencia estatal y con fines de lucro, además de desarticular completamente la red de universidades públicas existentes hasta ese momento en Chile, regionalizándolas y dividiéndolas en un sinnúmero de universidades desvinculadas entre sí.

No debemos olvidar, por ejemplo, las nefastas consecuencias ambientales que hasta el día de hoy representa la tercera invasión a los territorios ancestrales mapuche por parte de la industria forestal, iniciada en 1974 mediante la promulgación del Decreto Ley 701 en un contexto de contrarreforma agraria destinada a devolver a la oligarquía nacional las tierras recuperadas por campesinos chilenos y mapuche durante los gobiernos de Frei Montalva y Salvador Allende, y cuyos principales exponentes (CMPC, CELCO, MAGASA, Forestal Bosques Cautín) llegaban a concentrar al año 2016 más de dos millones de hectáreas en la zona centro-sur de nuestro país, afectando gravemente en la disminución de servicios ecosistémicos, provisión de cantidad y calidad del agua, aumento de los incendios forestales, homogenización del paisaje y reducción de la biodiversidad y sustitución y fragmentación del bosque nativo; llegando incluso a revelarse el año 2020 mediante un dictamen de la Contraloría General de la República (dictamen 006271N20), la ilegalidad en la otorgación por parte de CONAF desde al año 2008 del permiso denominado “Plan de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas”, en tanto, concluye el dictamen, “resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental”.

Este procedimiento representó entre el año 2008 y 2020 la tala ilegal de más de 22 mil hectáreas de bosque nativo para la disposición de plantaciones forestales de exportación en su lugar.

Dicho de otra forma, aun teniendo a su favor las empresas forestales en territorio mapuche parte de la institucionalidad ambiental, pudieron actuar a su margen con la complicidad del Estado de Chile con el objetivo de expandir su fatídico negocio en importantes superficies de las regiones centro-sur de nuestro país.

No debemos olvidar, por ejemplo, que el 75% de las inversiones que las Asociaciones de Fondos de Pensiones  realizan en Chile se concentran en empresas que realizan extracción intensiva y en grandes volúmenes de recursos naturales, con muy bajo procesamiento y destinado para su venta en el exterior, y que solo los sectores eléctrico y forestal, acumulan el 46% del total de inversiones de las AFP, a la vez que, entregando pensiones de hambre, estas acumulan millonarias rentabilidades como resultado de estos movimientos financieros.

O no debemos olvidar, finalmente, la tarde del 30 de noviembre de 2001, cuando Eduardo Segundo Miño Pérez, integrante de la Asociación de Víctimas del Asbesto, después de denunciar la muerte de más de 300 personas hasta ese entonces producto del cáncer generado por aspirar dicho mineral proveniente de la fabricación de placas de construcción elaboradas por la empresa Pizarreño, nos interpela hasta el día de hoy con su inmortal llamado: “Mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia”, para luego inmolarse frente al Palacio de la Moneda y así transitar a la más definitiva de sus noches.

Continuando con la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019, y repasada esta ayuda de memoria para quienes “no la veían venir”, la respuesta del modelo no se hizo esperar, y nos trasladó de pronto a los más oscuros relatos que, para quienes aún no habían nacido o lo habían hecho lejos de esta tierra, existían hasta ese entonces sólo en largas conversaciones de sobre mesa, inundadas a veces en vino para poder soportar y convertir en palabra los terribles episodios del pasado.

Si, se imponía nuevamente, para muchxs, una larga noche a los anhelos de justicia y democracia verdadera que movilizó a millones a salir a las calles en defensa de la dignidad y contra la indolencia de los gobernantes. “Se ha abierto un espacio para que quien madrugue pueda ser ayudado a través de una tarifa más baja” o, “los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%”, son algunas de las frases que quedarán en la retina de todxs quienes transitábamos las calles y observábamos esta realidad preguntándonos: ¿Cuánto está dispuesto a soportar nuestro Pueblo?

Se impuso para algunxs la noche en vida, como Fabiola y Gustavo, y para otrxs, la insolencia de desafiar este orden de “la medida de lo posible” les costó la noche definitiva, como Romario Veloz, Kevin Gómez, Manuel Rebolledo, José Uribe, Alex Núñez, Abel Acuña, Mauricio Fredes, Jorge Mora, Cristián Valdebenito, Mariana Díaz, Paula Lorca, Alicia Cofré, Irma Gutiérrez, entre tantxs otrxs.

¿Por qué entonces recuperar la noche, en condiciones que precisamente ha sido la noche la violenta respuesta por parte del orden capitalista para todxs esas almas y sonrisas que ya no caminan por las que fueron sus calles?

O peor aún, ¿por qué entonces recuperar la noche, en condiciones que esta larga noche de los 500 años, como la señalara el general Emiliano Zapata para la historia del continente americano, ha significado por siglos la derrota permanente para las luchas independentistas, de soberanía, dignidad y autodeterminación de los pueblos no solo en Chile sino en gran parte de nuestro continente?

22:30 horas de la noche del catorce de diciembre de 1983. La voladura de doce torres de alta tensión deja sin luz la zona central de nuestro país. Minutos más tarde, en medio de esa oscuridad construida desde abajo, una voz llama y sentencia a través de radio Cooperativa: “Este es el comienzo de un nuevo período en la lucha por la libertad de Chile”.

Bajo la intensa noche impuesta por la dictadura, se movilizaban invisibles quienes ya a esas alturas, a 10 años del golpe, habían aprendido a caminar la noche, y por tanto, a hacer de ese territorio sumido en ella su espacio propio y conocido de resistencia.

En medio de la noche impuesta por los de arriba, es posible entonces nacer la noche de lxs de abajo, aquella en que las condiciones para actuar sobre esta realidad y cambiarla no están controladas por los enemigos de siempre.

Cae la noche del primero de diciembre de 1997 y dos camiones forestales arden en medio de una oscuridad absoluta en la zona sur de nuestro país. Un comunicado publicado horas más tarde declara: “Sin territorio no hay autonomía, sin autonomía no hay una verdadera reconstrucción como pueblo ancestral”.

En medio de la noche impuesta por los de arriba, los pasos de quienes habitaban esta larga noche de los 500 años alumbran los caminos, y se erigen cuales antorchas indicando la única alternativa que objetivamente les hizo posible sobrevivir como Pueblo hasta nuestros días.

23:00 horas del dieciocho de octubre de 2019, y el descontento acumulado bajo el manto de la indolente noche neoliberal desborda las calles. Arden en avenida Santa Rosa las escaleras de emergencias del edificio corporativo de Enel Generación Chile, antigua Empresa Nacional de Electricidad fundada con el objetivo de crear un plan de electrificación chileno, y que en 1989 deja de pertenecer al Estado como consecuencia del paquete de medidas privatizadoras que concretó la dictadura hasta sus últimos días.

Hasta esa hora de la noche, diecinueve estaciones de Metro presentan daños originados por el fuego luego de que el día viernes 04 de octubre el Panel de Expertos del Transporte Público anunciara un alza de pasajes en horario punta de treinta pesos para el boleto adulto del tren subterráneo, medida que fue desesperadamente revertida por el régimen de Sebastián Piñera el día diecinueve de octubre con el objetivo de intentar volver la injusticia a la normalidad, pero la hora ya había llegado. No eran treinta pesos…

Se profundiza la noche de aquel 18 y nuestro pueblo, ya despierto, alumbra de dignidad sus calles y sus poblaciones. Al igual que antaño, aprendió a caminar la noche y a volver ese territorio sumido en ella su espacio propio y conocido de resistencia, esa noche hoy arrebatada que más temprano que tarde será recuperada para avanzar en la tarea pendiente del desalojo definitivo de la larga noche neoliberal.

El toque de queda declarado aquel 19 de octubre rige hasta el día de hoy.

Caen las frías y oscuras noches de junio de 2021. ¿Serán las que vienen acaso más oscuras que las que ya conocimos? No lo creo. Nunca ha estado más oscuro como cuando va a amanecer.