Poéticas de la insurgencia

Texto publicado originalmente en Palabra Pública

No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema

—Grafiti, Santiago de Chile, octubre 2019

“¿Por qué aguantaron tanto?”, me preguntaba hace unos días un periodista ecuatoriano a propósito del estallido social que vivimos desde la quincena de octubre. Sólo logré balbucear la idea de que en Chile el neoliberalismo se nos impuso con la metralleta al pecho por una dictadura sangrienta que, campos de concentración mediante, nos tuvo 17 años escapando de la muerte y buscando desaparecidos. Ningún otro país pasó por esa forma de instalación del modelo y ello explicaría en parte su profundidad y alcance.

La continuidad democrática de la fórmula neoliberal nos hizo pensar más de una vez que la lógica de la subsidiariedad había calado de manera definitiva en la sociedad chilena, hasta que comenzaron a surgir movimientos que, desde su especificidad, empezaron a cuestionarla. Son movimientos que han ido ganando en radicalidad, como el movimiento mapuche, y en envergadura, en el caso del movimiento por la educación o por las pensiones dignas. Pese a ello, el estallido nos ha dejado estupefactos frente a una capacidad de indignación y movilización nacional que no se avizoraba en el corto plazo. Su resultado más inmediato es que desde ahora se habla, aquí y en el mundo, de algo que parecía imposible: la crisis del neoliberalismo chileno. Una crisis profunda de legitimidad, producida por el sufrimiento social que genera el alto costo que pagamos cada día para asegurar la ganancia estratosférica del empresariado local y extranjero.

Las jornadas de protesta que comenzaron el 18 de octubre en Santiago y que a las pocas horas se expandieron al resto del país, han significado el despliegue de una insurgencia pocas veces vista en Chile, donde una heterogeneidad de acciones han estado dirigidas por un sentimiento compartido de que es urgente interrumpir esa normalidad que, como señalan los numerosos grafitis que hoy reescriben nuestras ciudades, constituye el problema.

Entre las cuestiones que más han sorprendido, o al menos eso me ha pasado a mí, está la rápida vinculación de todos los problemas puntuales con un orden social sustentado en la desigualdad. Allí radica la condición política de este movimiento, también su racionalidad. Como parte de ese diagnóstico colectivo surge con fuerza una dimensión temporal que se resume en las consignas “No son 30 pesos, son 30 años”, que alude al período de la posdictadura; “No son 30 pesos, son 46 años”, en referencia al hecho fundante de este tipo de capitalismo que fue el golpe cívico-militar de 1973; y la aún más profunda “No son 30 pesos, son 500 años”, para incluir la usurpación como lógica de un funcionamiento social que se reformula a través de la historia y cuyas primeras víctimas fueron los pueblos indígenas.

Esta densidad histórica concede sentido a las distintas acciones que han interferido el orden público. En ellas se asume la propiedad colectiva de lo que ha sido arrebatado, partiendo por las calles de ciudades cuya forma reproduce la exclusión aberrante que ese orden público resguarda. Evasiones masivas del pago del metro, apropiación de sus estaciones, marchas, barricadas, grafitis, destrucción de símbolos del poder económico y derribamiento de estatuas, son intervenciones que, en conjunto, permiten al observador y observadora acceder a un relato heterogéneo, pero relato al fin, de este malestar y sus expectativas.

El derribamiento de estatuas merece una atención especial, pues se trata de una de las acciones más potentes e impensadas en este oasis del neoliberalismo (ocupando la metáfora del Presidente). Esa potencia radica en su capacidad para perturbar el guión autoritario de la construcción nacional, embistiendo su despliegue urbano donde calles, plazas y monumentos reivindican de manera ostentosa una genealogía invasora y patriarcal. La historia de nuestros monumentos es la historia de un Estado nacional que se ha construido de espaldas a sus habitantes, respaldado por un autoritarismo que ha sido eficiente en ahogar las tentativas de apertura. Son también el símbolo de una estabilidad institucional excluyente y represiva, de allí su obsesión con los conquistadores europeos así como con el ejército y la policía del período republicano. No deja de ser poético entonces el gesto de hacer caer en cuestión de horas a Cristóbal Colón (Arica), Francisco de Aguirre (La Serena), Pedro de Valdivia (Temuco, Valdivia), García Hurtado de Mendoza (Cañete), Cornelio Saavedra (Temuco), Diego Portales (Temuco), así como monumentos a carabineros y militares (Santiago). Un ajuste de cuentas no sólo con el pasado sino con el presente que admite la conmemoración del saqueo y la violencia, eso que los movimientos indígenas no se han cansado de nombrar y denunciar como continuidad colonial.

A la caída de estas estatuas se contrapone el levantamiento de símbolos impensables desde los códigos solemnes de las historias patrias, como la bandera de un pueblo oprimido en igual línea de tiempo —la Wenufoye o bandera mapuche—, o un perro mestizo, fallecido hace dos años y que era conocido por acompañar las manifestaciones estudiantiles y atacar a la policía —el Negro Matapacos—, erigido por estos días en símbolo nacional contra la represión (y tal vez global, como parecen indicar las pegatinas que acompañaron la evasión masiva en el metro de Nueva York como protesta frente al actuar racista y violento de la policía local). En estas poéticas de la insurgencia, Matapacos se multiplica en cientos de perros callejeros que emergen como protagonistas poco convencionales del estallido popular, depositarios de una autoridad política inusitada que nos recuerda a cada tanto que detrás del abrazo hipócrita del policía o del militar, está la represión que te puede quitar los ojos o la vida.

La fuerza de estas acciones ha sido suficiente para correr el velo de la normalidad y mostrar la injusticia que omite o minimiza la invocación del orden. La estrategia de los sectores responsables de la continuidad neoliberal (partidos políticos, empresariado, grandes medios de comunicación, etc.) ha sido reconocer la legitimidad del reclamo al mismo tiempo que condenan sus formas, indicándolas como violencia inconducente, delictual, carente de razón y perspectiva, mezclándola de manera oportunista con la violencia común incubada por el mismo sistema del cual profitan.

Cuando ese discurso tiene eco en espacios cercanos, algunos supuestamente progresistas, una se pregunta: ¿tan esquiva es la historia o prefieren no enterarse de que no existe revuelta social sin el ataque a los símbolos del sistema que la produce? ¿Quién puede decir que desconoce esta característica de las asonadas populares? Porque si no eres asiduo a los libros basta con ver alguna película de época que tenga como telón de fondo un estallido social para saber que así han caído molinos, instrumentos de labranza, maquinaria, cárceles, palacios y estatuas. Concentrar la discusión en las buenas formas no sólo es impertinente en estos contextos sino también reaccionario, pues oculta el tema de fondo que es el origen de la violencia y sus responsables. Eso es lo que desnudan las mareas humanas que protagonizan la insurgencia y que en nuestro caso ponen en tela de juicio la supuesta paz que habría existido antes del 18 de octubre.

La moralina que existe en torno al tema impide un debate serio cuando se impone la consigna de que todas las violencias son homologables y merecen la misma condena. Como historiadora, pero sobre todo como ciudadana, no puedo suscribir esa premisa que es tan antigua como tramposa y sobre la cual ha corrido demasiada tinta, aunque siendo honesta, queda poco ánimo para las referencias bibliográficas y menos aún para participar en discusiones donde se deben responder discursos malintencionados sobre la paz social, esos que esconden el hecho terrible de que la paz es un privilegio de algunos y que los “conductos regulares” no nos han llevado a ninguna parte, no al menos en este país gobernado por las balas. La paz es otro de los derechos que debemos conquistar.

La pregunta por el desenlace es inevitable, pero en algún punto inútil, porque el estallido de rebeldía que se está desarrollando actualmente en Chile, con toda su heterogeneidad y ausencia de conducción (por el momento), cumple tal vez con una única misión: mostrar un horizonte de posibilidades que ni el más heroico de los triunfos podrá concretar en su totalidad, porque allí radica la potencialidad política y la energía creadora de las rebeliones, donde quiera que estas se produzcan. De todas formas, la necesidad de participar en la construcción de ese desenlace obliga a situarse en un terreno más pragmático, asumiendo el hecho de que todas las opciones son viables, desde la radicalización del reclamo social hasta la derechización de la esfera pública, pasando por la muy probable fórmula gatopardista del “todo cambia para que nada cambie”, por la que esta sociedad chilena ha pasado ya tantas veces. Y, sin embargo, de momento no ha sido poco visibilizar la violencia estructural y la represión como uno de los pilares del neoliberalismo chileno, ni la crítica masiva a un orden social que tiene como base la injusticia distributiva y el mal desarrollo. Un orden sostenido por una casta político-empresarial que, como pocas veces en nuestra historia, tropieza y nos teme.