¿Reforma o refundación?

El problema de la histórica relación entre las fuerzas de orden y seguridad y las clases propietarias chilenas.

Nos encontramos a las puertas de un proceso constituyente que representa una posibilidad histórica para reconfigurar la institucionalidad y, también, reconstruir el pacto social a través de la consagración de nuevos derechos fundamentales y la proyección de un nuevo modelo social opuesto al neoliberalismo. En este contexto, se vuelve imprescindible reflexionar en torno a Carabineros, específicamente sobre cómo reconstruir una institución deslegitimada frente a la ciudadanía y con un gravísimo historial relacionado con violaciones a Derechos Humanos. La propuesta de reforma a Carabineros del actual Gobierno chileno es insuficiente, ya que profundiza en una postura reformista, basada en las ideas generales de modernización y vinculación con la comunidad, que más allá de algunos resultados puntuales, han sido incapaces de tener un impacto significativo y sistémico. La actual crisis de representatividad hace imprescindible una intervención, y un efectivo control civil sobre Carabineros, que permita garantizar la paz social y restablecer la legitimidad de las instituciones y la democracia chilena.

 La profunda crisis que vive Carabineros de Chile, manifestada en escandalosos casos de corrupción, apropiación ilícita, montajes policiales y vulneración sistemática de Derechos Humanos, es tan grande y sistémica que, efectivamente, hacen necesario preguntarse si lo que requiere la institución es una reforma o, simple y llanamente, una refundación. Esta pregunta es aún más urgente porque, teniendo en cuenta que una de las funciones policiales es “respetar los derechos de las personas”, es evidente que en los últimos 40 años la institución ha fracasado completamente en el cumplimiento de uno de sus mandatos más fundamentales. No solo, como esgrimen desde hace décadas los partidos de derecha, el delito es un problema sin solución en Chile, sino que también, como ha quedado claro en estudios nacionales e internacionales, Carabineros es uno de los principales responsables de la vulneración de las garantías fundamentales que una democracia debería garantizar[1]. De este modo, una intervención sobre las fuerzas de orden y seguridad, como la que está implementando el Estado alemán sobre el Mando de sus Fuerzas Especiales para controlar la expansión del nazismo en sus Fuerzas Armadas, es imprescindible para resguardar del Estado de Derecho en Chile[2].

Diversas investigaciones han comprobado que el mega fraude del Pacogate, que involucra una extensa red de altos oficiales de carabineros, asciende hasta el momento a más de 35 mil millones de pesos[3]. Además, en los últimos años hemos visto que los estándares de transparencia y rigurosidad con que la institución trabaja son inexistentes. Los montajes de la Operación Huracán y el caso de Camilo Catrillanca, en que funcionarios de la institución falsificaron y manipularon pruebas para incidir en la opinión pública y la administración de justicia, son francamente ilegales[4]. Durante el estallido social hemos podido comprobar, sin margen de dudas, que la institución reprime a los movimientos sociales vulnerando de manera reiterada y sistemática los Derechos Humanos de la ciudadanía. Ciertamente, este no es un problema reciente. La ola represiva desatada tras el 18 octubre, la peor desde el retorno a la democracia, simplemente instaló en el centro de Santiago, y a una escala multitudinaria, el mismo comportamiento con que el Estado chileno se ha relacionado, históricamente, con los grupos excluidos del proyecto de nación hegemónico.  Al interior de las comunidades mapuche, las zonas de sacrificio medioambiental y las poblaciones, las fuerzas policiales se han caracterizado por la arbitrariedad y brutalidad de su comportamiento.

Los miles de glóbulos oculares destruidos por balines, o granadas lacrimógenas, percutados por carabineros durante el estallido social no son hechos aislados. Las denuncias por lesiones oculares producidas por la intervención policial durante las protestas de Aysén el año 2012, evidencian que esta es una estrategia permanente y sistemática. Que ocho años después nos encontremos con cientos de chilenos con pérdida de visión demuestra, entonces, la escasa voluntad de las autoridades políticas para, primero, perseguir y castigar a los responsables y, en segundo lugar, subsanar esta gravísima situación. Sin perjuicio de que se puedan perfeccionar los protocolos para que el actuar policial sea respetuoso de las garantías fundamentales de la ciudadanía, este problema es histórico-político. Una estricta observancia policial del protocolo que, el 1 marzo del año 2019, actualizó las instrucciones con respecto al uso de la fuerza, permitiría garantizar el respeto por los Derechos Humanos por parte de carabineros[5]. Sin embargo, una somera contrastación con la forma en que efectivamente actúan en las calles deja en evidencia que Carabineros contraviene de manera sistemática sus propios protocolos de acción. ¿Por qué, entonces, los responsables políticos no sancionan a quienes incumplen las disposiciones de la institución e, incluso, la ley? Y, si estas autoridades no cumplen su función de vigilar y controlar a las policías, ¿por qué no pagan los responsables políticos? ¿Es verdad, como esgrimió Gonzalo Blumel, que el Ministerio del Interior no tiene las facultades para controlar a las policías?[6]

Teniendo en cuenta, como establece la Organización de Naciones, que el respeto por el Estado de Derecho está estrechamente vinculado al desarrollo de “sólidos mecanismos de rendición de cuentas y supervisión”[7] del actuar policial, la respuesta del ex-Ministro del Interior es inaceptable. Sobre todo porque, esgrimiendo la supuesta “autonomía” de las policías con respecto al poder civil, evade las responsabilidades que le competen al Ministerio del Interior con respecto a carabineros. Recientemente, y en relación a los casos de corrupción de altos oficiales del ejército, el Capitán (r) Rafael Harvey ha acusado al actual Ministro de Defensa de hacer oídos sordos ante las reiteradas denuncias que le presentó sobre los casos de corrupción que involucraban a altos oficiales de la institución castrense[8]. De esta forma, cabe preguntarse, entonces, ¿por qué las autoridades políticas han desistido de ejercer su mandato de controlar las actuaciones reñidas con la ley al interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros?

En este sentido es importante recordar que, históricamente, las fuerzas de orden y seguridad han funcionado como el garrote con que las clases propietarias, a través del control del Estado, han respondido a los intentos por revertir la concentración de la propiedad o/y la construcción centralista, colonial en el caso mapuche, del Estado-nación chileno. Salvo contadas excepciones, como el Ruido de Sables o el Sublevamiento de la Escuadra, las Fuerzas Armadas y policiales han intervenido en los conflictos sociales y étnicos en favor de las clases propietarias. En la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique el ejército intervino en favor de los grandes empresarios transnacionales del salitre. En Pampa Irigoin, Carabineros perpetró una masacre en defensa los latifundistas de la zona. En 1973, y a pesar de los intentos del Presidente Allende por hacer de los militares los garantes de la democracia, al interior de las Fuerzas Armadas se impusieron los sectores reaccionarios que terminaron interviniendo en favor de las clases que se consideraban perjudicadas por el gobierno de la Unidad Popular. En la actualidad, el Estado chileno, a través de una policía militarizada, invade la zona mapuche para resguardar la propiedad de los grandes latifundistas de la zona. No es casual, tampoco, que sean fuerzas policiales las que se utilicen para resguardar la infraestructura de las grandes empresas forestales que están desforestando la Araucanía y profundizando el histórico despojo territorial mapuche por parte del Estado chileno. Si las policías actúan como un ejército de ocupación en la Araucanía es fundamentalmente porque hay un discurso, que baja desde las clases propietarias y el Estado, que quiere resolver un conflicto cultural, identitario e histórico con los mecanismos de una guerra colonial.

No hay que olvidar que la ausencia de una profunda reforma sobre Carabineros es también una de las mayores lagunas de impunidad en la historia de Chile y, sobre todo, durante el periodo postautoritario.  La mantención de las estructuras policiales y militares de la dictadura resultó ser una forma bastante efectiva de evitar que avanzasen las investigaciones contra violadores de derechos humanos, así como una forma de poder mantener la represión contra determinados territorios y grupos sociales durante los treinta años de democracia neoliberal.  Cuando el gobierno sostiene que no tiene facultades para controlar el accionar de Carabineros lo que está haciendo, además de evadir sus responsabilidades con respecto a las violaciones a los Derechos Humanos, es asegurarle a los funcionarios policiales que podrán reprimir la protesta social con impunidad. Asegurando esa impunidad, el gobierno logra reforzar la relación entre las clases propietarias y las fuerzas de orden y seguridad. Si el gobierno persiguiera a los funcionarios que atentan contra la mantención del Estado Democrático de Derecho, no solo en entraría en contradicción con el discurso del enemigo interno, sino que debilitaría la subordinación de la institución con respecto a los “dueños” del país.  Justamente por esto es que el gobierno no ha demostrado interés en investigar las gravísimas violaciones de Derechos Fundamentales perpetrados por carabineros tras el 18 de octubre. De hecho, y mientras el actual Ministro del Interior cuestionó los cargos administrativos levantados contra los generales de Carabineros responsables de la represión durante el Estallido Social, este gobierno ha demostrado una preocupante celeridad para, aduciendo razones humanitarias, beneficiar a agentes del Estado condenados por Violaciones a Derechos Humanos durante la Dictadura Militar.

Por ello es que la reforma policial propuesta por el ejecutivo no solo es incapaz, sino que también carece de la voluntad necesaria para hacerse cargo de la represión sistemática contra los sectores populares y, menos, de la necesaria intervención civil para reducir los graves niveles de abuso policial. Por el contrario, para tener una policía que resguarde los Derechos Humanos y la democracia, cualquier intento de reforma, o refundación, de Carabineros tiene que tener como objetivo estratégico la generación de objetivos tácticos que permitan debilitar la alianza histórica entre la policía y las clases propietarias. Tal y como mencionamos al inicio, el proceso constituyente abre la puerta a nueva reconfiguración de las instituciones del Estado Chileno, en donde se espera que una de las preguntas que nos realicemos como sociedad será: ¿qué tipo de policía queremos para Chile? Esta es una pregunta urgente, ya que cualquier proyecto de reconstrucción de la institucionalidad y el pacto social, va a encontrar en Carabineros y las FF. AA. un actor que será clave en la suerte del proceso de transformación social. Por lo tanto, las fuerzas de izquierda, o progresistas, que busquen impulsar una transformación significativa del modelo de sociedad, y de la relación entre Estado y sociedad, deben desarrollar un discurso sobre y hacia las fuerzas de orden y seguridad.

[1] Destacamos el informe presentado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el informe de Amnistía Internacional así como el de Human Rights Watch así como las conclusiones de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

[2] https://actualidad.rt.com/actualidad/358329-alemania-disolver-parcialmente-mando-fuerzas-especiales/amp?__twitter_impression=true

[3] https://www.latercera.com/politica/noticia/pacogate-a-tres-anos-de-descubrirse-megafraude-en-carabineros-corte-libera-a-siete-acusados/P4ONF773A5BVNFBE3EQWACMSXM/

[4] https://ciperchile.cl/especiales/operacion-huracan/

[5] Al respecto Chile, “Uso de la fuerza: actualiza instrucciones al respecto”, en Diario Oficial 42.295, Santiago 1 de marzo 2019.  Guillermo Fernández, “Protocolos de la actuación policial en Chile”, en Asesoría Técnica Parlamentaria, abril 2019.

[6] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/desmanes-interior-asegura-al-poder-judicial-que-no-puede-senalar-a-las-fuerzas-policiales-los-procedimientos-o-armamentos-a-utilizar/888869/

[7] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Integridad y responsabilidad de la policía. Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal, Nueva York, Naciones Unidas, 2010.

[8] https://www.youtube.com/watch?v=T7Qr89u7_yU