Desechables del transporte

En un contexto de reconfiguración de la violencia dirigida hacia grupos que, precisamente, deberían ser objeto de mayor cuidado -trabajadores, personas mayores, mujeres víctimas de violencia sexual o personas con discapacidad- ocurre exactamente lo contrario. Las reformas económicas terminan borrando a la población común de las prioridades del Estado; personas adultas mayores son reprimidas cuando exigen condiciones mínimas de dignidad; mujeres violadas son obligadas a enfrentar procedimientos que desconocen su autonomía; y personas con discapacidad son excluidas de sistemas tan esenciales como el transporte público.

Pensemos en este último caso, más allá de la discusión sobre la inclusión o de la creciente incorporación de la discapacidad en la agenda política, las ciencias sociales y el urbanismo; campos donde se ha mostrado con eficacia que las personas con discapacidad experimentan cotidianamente fricciones, obstáculos y profundas desigualdades territoriales, expresadas en unas necesidades corporales y sociales que permanecen ausentes de los procesos de planificación y diseño de la movilidad.

No obstante a dichas interpretaciones, este interés no garantiza que se puede volver a cero de forma abrupta, ni mucho menos asumir que estas formas de exclusión hayan estado alguna vez suspendidas. Por el contrario, la discriminación hacia los denominados “cuerpos otros” en el transporte y en las políticas de movilidad, constituye una realidad persistente, inscrita en infraestructuras, normativas y prácticas que continúan reproduciendo contradicciones de acceso y un transporte injusto, que se puede observar en sus cotidianidades.

Hace unos días, en Puerto Montt, en la región de los Lagos, una Madre y su hija con discapacidad fueron obligadas por un conductor de transporte público a descender del bus porque viajaban con un coche adaptado. Esto ocurrió en medio de un temporal de lluvia y viento. El episodio generó indignación, pero también una reacción conocida: en redes sociales¹ la discusión, mediatizada con el odio y la indiferencia, rápidamente se desplazó hacia la supuesta responsabilidad de la madre. Que el coche era demasiado grande, que impedía el tránsito de los pasajeros, que dificultaba el trabajo del conductor. Una forma de enunciar que lo que debería ser injustificado o impresentable, se puede (re)justificar y remarcar la legitimidad de la violencia a personas -a priori- incómodas en su experiencia por la ciudad.

De ahí que lo ocurrido en Puerto Montt no constituye una excepción, sino una manifestación cotidiana de una forma de exclusión que se reproduce en distintos lugares de Chile y también en otros países de la región. Basta revisar denuncias similares en Santiago o Argentina para advertir un patrón repetido: personas usuarias de sillas de ruedas, madres con hijos con discapacidad, personas mayores o con movilidad reducida que son cuestionadas, demoradas, o derechamente impedidas de utilizar el transporte público: grupos -hechos- excedentes, a los cuales, se les pone en cuestión su derecho y forma de “hacer lugar” en la sociedad

Una madre relataba en redes sociales que un conductor en Santiago se negó a transportarla porque llevaba a su hijo con parálisis cerebral severa en un coche adaptado. Otro le exigió plegarlo, pese a que ello hacía imposible el traslado del niño. En ese mismo viaje, el espacio reservado para personas con discapacidad estaba ocupado por otros pasajeros que no cedieron el lugar. La escena es cotidiana: la infraestructura existe, en algunos casos, pero su reconocimiento social no.

Lo preocupante es que estas situaciones suelen discutirse como conflictos bilaterales entre pasajeros y conductores. Como si todo dependiera del carácter de una persona, de una mala reacción o de un mal día. Sin embargo, detrás de estas escenas opera una racionalidad muy compleja: la idea de que existen cuerpos que pueden circulan correctamente y otros que alteran el funcionamiento “normal” de la ciudad y sus infraestructuras

Es precisamente allí donde el concepto de “urbanismo capacitista”, desarrollado por Laura Paniagua (2022), resulta especialmente esclarecedor. El urbanismo capacitista describe un sistema de dominación donde el diseño, el uso y la gestión de la ciudad privilegian a quienes son considerados cuerpos “capaces”, completos, sanos o productivos, mientras las demás corporalidades deben adaptarse permanentemente a infraestructuras, normas y tiempos que nunca fueron pensados para ellas, sino para un pasajero que camina rápido, sube sin ayuda, ocupa poco espacio, no necesita asistencia y no retrasa el recorrido, los tiempos de la máquina, sus horarios y economías que también precarizan al chofer

Quienes no responden a este estatuto aparecen inmediatamente como un problema operacional para el sistema, que obviamente no solo depende de un solo recorrido, sino de la forma en que la red de transporte ha sido concebida y organizada. De este modo, el problema deja de situarse solamente en insuficiencia de la infraestructura o en la ausencia de condiciones de accesibilidad, para localizarse en la propia persona. Es el cuerpo, los cuerpos interdependientes -y todo aquello que lo acompaña y hace posible su desplazamiento- es lo que pasa a ser concebido como un obstáculo y un valor negativo; cuando en realidad se trata de una sensibilidad e intensidad afectiva, a la cual deberíamos dar más apoyo

Sillas de ruedas, coches de niños y bebés, bastones, “burritos”, perros guía o los implementos de autocuidado, son vistos como obstáculos en sí mismos, cuando es la forma de materializar su viaje, en condiciones que ya son difíciles, como en el escenario de lluvia estos días, con barro, desniveles. De ahí que estos objetos son extensiones corporales y estrategias indispensables que permiten sostener la autonomía, el cuidado y la movilidad en ciudades diseñadas bajo parámetros corporales restrictivos. Del mismo modo, las personas cuidadoras que acompañan estos desplazamientos forman parte de una red de apoyo sin la cual muchas trayectorias simplemente no podrían realizarse.

Las personas no se desplazan separadas de estos elementos, sino junto a ellos y, en muchos casos, a través de ellos. Sus cuerpos se articulan con dispositivos de apoyo y con otras personas para hacer posible el movimiento. En este sentido, exigir que tales elementos desaparezcan o sean considerados una molestia para el funcionamiento del transporte equivale, en los hechos, a negar las condiciones mínimas que hacen posible su movilidad. Significa desconocer que esos apoyos permiten salir de la cama, abandonar la vivienda, recorrer la ciudad y, finalmente, abordar un autobús.

Quizá por eso el episodio de Los Lagos resulta tan ilustrativo. No habla únicamente de un conductor o de una discusión al interior de un bus. Habla de una sociedad que todavía sigue considerando que algunos cuerpos ocupan demasiado espacio, tardan demasiado o son impredecibles para el tiempo de la máquina, o que simplemente sobran (diagnósticos). Y cuando una sociedad comienza a tratar ciertos cuerpos de personas como excedentes de la movilidad, como se plantea en este caso, el problema ya no pertenece únicamente al transporte y su intersectorialidad. Pertenece a las delicadas formas en que estamos definiendo un “futuro en común” y una eventual democracia.

Bibliografía

Paniagua, Laura (2022). Ciudades chuecas: Desigualdades urbanas, corporeización y extrañamiento en la movilidad de las personas con discapacidad en Costa Rica. En Contexto 10(17). Medellín – Colombia, ISSN: 2346-3279.

Notas

1 Esta situación fue denuncia por la Agrupación de Usuarios del Transporte Público (Los Lagos): https://www.instagram.com/p/Da6mvk3xtCs/