Dulce Patria, Recibe los votos

Política y engaño. La falsa promesa del patriotismo

El uso contemporáneo de los símbolos patrios en Chile —particularmente durante y después del proceso constituyente iniciado tras la Revuelta Social de 2019— ha experimentado una reconfiguración discursiva significativa. Sectores asociados a la ultraderecha, vinculados políticamente a figuras como José Kast y organizaciones como el Partido Republicano, han articulado una narrativa que asocia “patria”, “orden” y “tradición” con la defensa de simbologías que en la práctica nunca les han pertenecido.   

Durante la campaña del Plebiscito constitucional de 2022, diversas investigaciones periodísticas y académicas documentaron la circulación masiva de desinformación, particularmente a través de redes sociales y cadenas de mensajería. Consignas como “te van a quitar la casa” o “van a eliminar el himno nacional” no tenían un correlato directo en el texto de la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional de Chile. Estudios del Centro de Estudios Públicos y de plataformas de verificación como Fast Check CL identificaron múltiples afirmaciones falsas o engañosas que lograron alta penetración en la opinión pública. Este fenómeno puede ser interpretado desde la noción de “pánico moral”, en la medida en que se activaron temores vinculados a la propiedad, la identidad nacional y la estabilidad institucional, movilizando emocionalmente a amplios sectores del electorado.

A ello se suma el rol de los medios de comunicación y plataformas digitales en la amplificación de estos contenidos. Informes del Consejo Nacional de Televisión y análisis de circulación en redes como TikTok evidenciaron una alta exposición a mensajes simplificados, muchas veces descontextualizados o derechamente falsos, que tendieron a reemplazar el debate informado sobre el contenido constitucional. La eficacia de estas estrategias comunicacionales radicó en su capacidad de condensar complejidades jurídicas en eslóganes fácilmente replicables, contribuyendo a una percepción de amenaza inminente que no necesariamente se sostenía en el texto propuesto.

Este escenario no puede comprenderse de manera aislada, sino en continuidad con el proceso político abierto tras el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado en noviembre de 2019 como respuesta institucional al Estallido social de 2019. Dicho acuerdo estableció el itinerario constitucional que dio origen a la Convención, pero también delimitó sus márgenes de acción, configurando un proceso tensionado desde su origen. En este marco, la campaña del rechazo no solo logró instalar narrativas de desconfianza, sino que, en términos políticos, resultó decisiva para reconfigurar el escenario posterior, sentando las bases discursivas y electorales de los sectores que hoy ocupan posiciones de poder en Chile.

Un elemento adicional a considerar es la responsabilidad política de sectores de la autodenominada centroizquierda, frecuentemente catalogados como “comunistas” por la oposición, pero cuya práctica política ha evidenciado una orientación más cercana a la gestión institucional y a la lógica de gobernabilidad que a una transformación estructural del modelo. Espacios como el Frente Amplio —incluyendo partidos como Convergencia Social y Revolución Democrática— han sido objeto de críticas por su progresiva moderación programática y su alineamiento con marcos económicos heredados, priorizando acuerdos políticos y una supuesta estabilidad por sobre demandas sociales surgidas con fuerza tras el ciclo de movilización iniciado en 2019 –arrastrado claramente con falencias desde la concertación en adelante–.

Este desplazamiento de intereses puede ser interpretado como un proceso de institucionalización acelerada, donde la disputa por espacios de poder y la inserción en la estructura estatal han tendido a primar sobre una vocación transformadora más profunda. En este contexto, la llegada de Gabriel Boric a la presidencia puede leerse tanto como expresión de ese ciclo político como también de sus límites, en la medida en que su gobierno ha debido operar dentro de márgenes estrechos, tensionado entre expectativas de cambio y condicionantes estructurales que han dificultado la materialización de dichas promesas que no se cumplieron.  

En este marco, apelando a las simbologías de sectores, los símbolos nacionales —como el himno— adquieren un carácter performativo. Su enseñanza obligatoria en contextos escolares, la selección parcial de estrofas, y su apropiación diferenciada según clase social, permiten observar que la “comunidad nacional” no es homogénea. La frase “o el asilo contra la opresión”, presente en el Himno Nacional de Chile, adquiere así una dimensión ambivalente: mientras se enuncia como promesa universal, su apropiación efectiva ha sido históricamente desigual.

Desde una perspectiva antropológica, el patriotismo no es una esencia, sino una construcción cultural situada, tensionada por desigualdades estructurales. La instrumentalización de estos símbolos por sectores políticos que no necesariamente encarnan las experiencias materiales de amplios sectores de la población evidencia una disociación entre representación simbólica y realidad social.

Como advierte Violeta Parra (1962) en Miren cómo sonríen, la distancia entre quienes gobiernan y las necesidades reales del pueblo se expresa en una gestualidad que encubre más de lo que revela:

“Miren cómo sonríen los presidentes
cuando le hacen promesas al inocente”

En esa sonrisa se condensa una herida histórica, donde la política se construye sobre promesas que no se sostienen en la experiencia cotidiana de quienes las reciben.

Anticomunismo y que lloren los zurdos. Pan y circo.

El escenario chileno no es aislado, sino que se inscribe en una tendencia global de radicalización discursiva mediada por plataformas digitales. Aplicaciones como TikTok o la televisión abierta operan como espacios de amplificación de mensajes simplificados, donde categorías como “comunismo” o “izquierda” son utilizadas como significantes vacíos, desprovistos de densidad histórica o conceptual.

Este fenómeno se vincula con la emergencia de liderazgos como Javier Milei, cuyo gobierno ha impulsado un programa de ajuste estructural caracterizado por la reducción del gasto público, la eliminación de ministerios y la reconfiguración del rol del Estado. Sin embargo, diversos análisis críticos han señalado que estas medidas no solo han tensionado el tejido social, sino que también han evidenciado un desfase significativo entre las promesas de campaña y sus resultados concretos. Lejos de las expectativas de estabilización y mejora económica anunciadas, se observa un deterioro en indicadores sociales y en las condiciones de vida de amplios sectores de la población, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad real de su programa y a plantear que, en términos generales, los compromisos centrales de campaña no han logrado materializarse en beneficios sostenibles para el país.

En el caso chileno, discursos afines han promovido la reducción del Estado, el cuestionamiento de derechos sociales —como la educación gratuita— y la flexibilización de normativas ambientales, configurando un horizonte político que privilegia la lógica de mercado por sobre las garantías sociales. En este escenario, la referencia comparativa con Argentina no es casual: ambos casos expresan la adhesión a un modelo económico y político subordinado a los intereses del norte global, donde la promesa de eficiencia y libertad económica se traduce, en la práctica, en una retracción de derechos y en la profundización de desigualdades estructurales. La experiencia del gobierno de Javier Milei resulta ilustrativa en este sentido, no solo por sus políticas de ajuste, sino también por su posicionamiento ideológico explícito —incluida su autodefinición como el “presidente más sionista del mundo”—, lo que da cuenta de una alineación geopolítica que trasciende lo estrictamente económico.

En Chile, esta orientación encuentra resonancia en sectores representados por José Kast, cuya trayectoria política ha estado marcada, entre otros elementos, por la defensa pública de figuras asociadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura, como Miguel Krassnoff y Paul Schäfer. Estos posicionamientos no son marginales, sino que forman parte de un entramado discursivo más amplio, donde la apelación al orden, la autoridad y la tradición convive con una relativización y nulidad de la memoria histórica y de los consensos democráticos construidos en torno a los derechos humanos. 

Desde lo teórico, este tipo de discursividad puede ser comprendido como una forma de populismo mediático, en la cual la reiteración de consignas simplificadas reemplaza el debate informado y complejiza la posibilidad de una deliberación pública sustantiva. La masificación de estos mensajes, amplificados por plataformas digitales y medios de comunicación, produce una sensación de polarización que no necesariamente refleja la diversidad y matices de las posiciones ciudadanas, sino que responde a dinámicas de visibilidad, emocionalidad y algoritmización del discurso público.

Patriotas que recortan al Estado pero se venden al privado, anticomunistas porque no puede ser gratuita, menos para su sector donde la familia del presidente tiene hijas que han hecho uso de Becas Chile para continuidad en la educación superior. La austeridad de un cóctel de bienvenida que pareciera representar esta mesa tan distinta a lo que comemos en la casa cotidiana, a falta de pan y pebre, mejor ceviches y caviar.

Se configura así la imagen de un gobierno que opera bajo una lógica de urgencia permanente, donde la premura no está orientada a resolver las demandas estructurales de la población, sino a acelerar decisiones que comprometen el destino de los territorios y sus recursos. En este marco, la retórica anticomunista —recurrente y enfática— funciona como un dispositivo de cierre del debate, desplazando la discusión de fondo hacia consignas que simplifican el escenario político. La apelación a un “enemigo interno” no solo ordena discursivamente el campo, sino que legitima medidas que impactan directamente a los mismos sectores que, en muchos casos, sostuvieron electoralmente estos proyectos.

La paradoja se vuelve evidente cuando estas políticas implican el recorte de beneficios sociales o la desprotección de comunidades que experimentan cotidianamente las consecuencias de dichas decisiones. La defensa abstracta de la patria y de los “compatriotas” contrasta con prácticas que, en los hechos, relativizan la vida y las condiciones materiales de esos mismos sujetos. En este sentido, la discusión sobre medidas como indultos, seguridad o intervención territorial no puede disociarse de las trayectorias sociales de quienes las promueven: sectores que, en múltiples casos, no han convivido ni experimentado las realidades de las comunidades más afectadas. Así, se profundiza una distancia estructural entre quienes diseñan e implementan políticas y aquellos que deben enfrentarlas en su vida cotidiana, evidenciando que lo que está en juego no es solo una disputa ideológica, sino una brecha material y experiencial que condiciona profundamente el horizonte de lo posible.

Como advierte Pablo de Rokha (1949), la voz del pueblo no es una abstracción ni una consigna, sino una experiencia encarnada que atraviesa la historia, el cuerpo y el territorio. Cuando la política se distancia de esa materialidad, los símbolos dejan de representar y comienzan a encubrir, transformándose en máscaras de una nación que ya no habla desde sí misma. “La patria es una olla hirviendo en la cocina del pobre”.

Este registro contrasta de manera elocuente con la escenografía de los actos oficiales, como los cócteles de cambio de mando presidencial, donde la representación del país se desplaza hacia una estética de la abundancia sofisticada, muchas veces desvinculada de las prácticas alimentarias de la mayoría de la población. En estos espacios, el menú —marcado por lógicas gastronómicas de élite y estándares internacionales— no solo evidencia una diferencia de clase, sino también una forma de representación política que se distancia de la materialidad cotidiana del pueblo. “Chile huele a pan caliente, a vino agrio y a cazuela humeante”, no a esa sofistificación de un sector. 

Sacrificio de nuestra simbología. Un escudo sin animales y con inscripciones en Alemán. 

El tercer eje evidencia una paradoja central: la defensa discursiva de los símbolos patrios coexiste con prácticas que pueden erosionar las condiciones materiales que les dan sustento. En Chile, sectores políticos como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario han enfatizado la importancia de la soberanía y la identidad nacional, mientras apoyan políticas de apertura económica que favorecen la inserción subordinada en el mercado global por parte de las bancadas que admiran. Chile no se vende al norte global, se regala. 

Esto se expresa, por ejemplo, en la promoción de industrias extractivas que impactan ecosistemas locales, o en la flexibilización de normativas ambientales. Casos como los incendios forestales en la zona de Penco han puesto en evidencia disputas en torno al uso del suelo, donde confluyen intereses económicos asociados a recursos estratégicos como las tierras raras.

Asimismo, la valorización del “sur de Chile” como espacio identitario entra en tensión con procesos históricos de despojo territorial y conflicto persistente con comunidades indígenas, particularmente el pueblo mapuche. En este contexto, los símbolos patrios no operan como referentes consensuados, sino como verdaderos campos de disputa, apropiados por sectores que, en la práctica, se sitúan desde una posición “afuerina”: distanciada de las experiencias históricas y culturales que configuran la identidad latinoamericana. Esta apropiación selectiva se articula con una matriz de valores que privilegia referentes europeos —muchas veces internalizados a través de procesos formativos y de clase—, mientras se reivindica discursivamente una pertenencia nacional que no necesariamente se traduce en un compromiso con la diversidad cultural y territorial del país.

No es casual que, al realizar un balance territorial que distinga entre norte, centro y sur, el principal bastión electoral de José Kast y su sector se concentre en el sur de Chile. Esta distribución no sólo responde a dinámicas coyunturales de campaña, sino que se inscribe en una historia más amplia de configuración territorial, donde convergen procesos de colonización, propiedad de la tierra y construcción de identidades locales atravesadas por relaciones de poder. En este sentido, el apoyo sostenido en el sur dialogó con la apropiación de los símbolos nacionales como dispositivos de legitimación política, en territorios donde, paradójicamente, se han desarrollado algunos de los conflictos más profundos en torno al reconocimiento, la autonomía y el despojo del pueblo mapuche.

Así, la centralidad del sur como espacio de adhesión política refuerza la idea de que los símbolos patrios operan como campos de disputa, en los que determinados sectores proyectan una noción de nación homogénea, muchas veces desvinculada de la diversidad histórica y cultural que caracteriza a Chile. La defensa del territorio, en este marco, se construye más como una consigna identitaria que como un compromiso efectivo con las realidades sociales y ecológicas que lo configuran.

En términos antropológicos, este fenómeno puede interpretarse como una fetichización de la nación, donde los símbolos son elevados a la categoría de objetos abstractos, desanclados de las relaciones sociales, históricas y materiales que les otorgan sentido. La Bandera de Chile, el Escudo Nacional de Chile o el Himno Nacional de Chile dejan de ser expresiones vivas de una comunidad política para transformarse en emblemas vaciados de contenido, instrumentalizados en función de proyectos ideológicos específicos. Así, quienes los enarbolan como signos de unidad y pertenencia pueden, simultáneamente, sostener prácticas y visiones que los distancian de las realidades sociales, culturales y territoriales que dichos símbolos pretenden representar.

En la medida en que se profundizan acuerdos sectoriales que benefician a minorías específicas —sostenidos, sin embargo, por el esfuerzo y la legitimación de amplios sectores sociales— se consolida una dinámica de fragmentación que debilita los espacios colectivos que debieron resguardarse. Esta lógica no sólo erosiona la posibilidad de articulación social, sino que también desdibuja horizontes comunes, reemplazandolos por intereses parciales que dificultan la construcción de proyectos compartidos. 

En este sentido, la noción de unidad no puede reducirse a una estrategia instrumental orientada a la obtención de mayorías electorales en contextos presidenciales. Unificar implica, en un plano más profundo, reactivar y sostener lo comunitario como principio organizador de la vida social: reconocer interdependencias, reconstruir confianzas y proyectar objetivos que trascienden lo inmediato. Es precisamente en la dimensión de lo común donde se habilita la posibilidad de disputar las formas de organización social vigentes, no desde la lógica de la suma de intereses individuales, sino desde la construcción activa de un nosotros capaz de incidir en su propio devenir.

Hoy más que nunca dijera Nicanor (1962) –entendiendo dentro de mis palabras también lo que yo pueda considerar izquierda y no la que proclaman en los discursos de redes sociales– La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.

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Referencias 

De Rokha, P. (1949). Epopeya de las comidas y bebidas de Chile. Santiago: Editorial Multitud.

Parra, N. (1962). Versos de salón. Santiago: Editorial Universitaria.

Violeta Parra (1962). Miren cómo sonríen [Canción]. En Recordando a Chile (Una chilena en París). Odeon.